por Victoria Romero

La colectividad wichi de Argentina es amenazada por el avance de un monocultivo que arrasa la tierra. Resisten y exigen un marco legal que respete su territorio y cultura ancestrales.

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La soja los acorrala, los alambra y los enfrenta ante un peligro ancestral como su origen: el exterminio. La comunidad wichi, la única y última cultura recolectora-cazadora que pervive en Argentina, pide auxilio ante el avance del desmonte por el monocultivo de la soja.

“El trazado de alambrado significa que nos están quitando vida. Nosotros vemos que nos quedamos sin vida, porque a nuestros alimentos los están arrasando las empresas que explotan los montes”, dice Juan Vega, cacique de la comunidad Pozo Nuevo, en un llamado de auxilio que los wichi hacen a la comunidad nacional e internacional.

Pozo Nuevo es un paraje ubicado sobre la ruta 86, a 35 kilómetros de la ciudad de Tartagal, en el norte de Salta. Allí, la deforestación sojera alambra el bosque, vital para la supervivencia de la cultura y el hábitat de las culturas recolectoras y cazadoras. Esos hechos cuentan con el consentimiento del gobernador Juan Manuel Uturbey, perteneciente al espacio que conducen el ex presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández.

A unos kilómetros de Pozo Nuevo, la tragedia se repite. En la comunidad wichi de El Escrito, sesenta familias resisten la expulsión de sus dominios por el desmonte compulsivo. En cuatro años desaparecieron 807 mil hectáreas de montes y las topadoras siguen su avance sobre el pueblo. “Nos quieren obligar a que nos vayamos”, insisten los wichi de El Escrito. Los pueblos de El Traslado y Zopota, viven el mismo suplicio, son testigos del aniquilamiento de sus tierras.

“Esto demuestra una vez más que no somos escuchados y que el gobierno provincial viola todos los derechos constitucionales y legales que los papeles dicen que tenemos pero que hasta hoy nadie respeta”, afirman representantes de las Comunidades de la cuenca del río Itiyuro en una nota enviada el 23 de noviembre a organismos nacionales y provinciales.

Casi 40 mil argentinos son wichis. Constituyen la segunda comunidad indígena más importante del chaco salteño, en el nordeste del país, de acuerdo a datos de la Red Agroforestal Chaco-Argentina (Redaf) organización civil sin fines de lucro que trabaja junto a comunidades indígenas y campesinos en la defensa de los recursos naturales. Su principal sustento es la caza, la pesca y la recolección de diversos frutos del monte.

En ese contexto, Gabriel Seguezzo, director de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), en una entrevista para APM, observa que, al tratarse de comunidades recolectoras-cazadoras, “sus relaciones con el monte, los ríos, los animales, las plantas se dan desde una visión muy particular, en la cual el monte es la vida, porque, sostienen, allí vivo, como, crío mi familia, me muevo libremente. Por lo tanto no es posible la vida de un wichi sin el monte”.

“Somos concientes que el entorno ha cambiado enormemente y hoy están rodeados de la civilización blanca, lo que los limita enormemente en sus libre movimiento”, añade Seguezzo.

“Pero si bien esto es cierto y las comunidades deben tener procesos de adaptaciones para convivir con los blancos, esa adaptación no es posible llevarla hasta el extremo de eliminarles el monte; su fuente de vida y relación con la naturaleza”, apunta.

Por esa razón, el reclamo indígena busca que se les reconozcan sus tierras para resguardar el monte que les queda y poder ejercer el derecho a elegir su forma de vida. Frente a un proceso de avance de la frontera agropecuaria y la compra y venta ilegal e irregular de tierras, la única forma que tienen las comunidades de tener ciertas seguridades y tranquilidad es que el Estado les reconozca la titularidad de sus territorios.

Como sus ancestros, resisten y luchan. Desde el 2004 que reclaman por sus tierras. En 2006, presentaron una acción legal ante el Juzgado Federal de Orán para la demarcación de las áreas que tradicionalmente ocupan. Hasta ahora no tuvieron ninguna respuesta. Además, denuncian que los permisos de desmonte otorgados en 2007 son irregulares, porque no se garantizó su participación. Las audiencias se hicieron en lugares alejados, sin difusión y no se tradujeron los informes a su lengua, para que pudieran comprenderlos.

El 10 de diciembre pasado, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones indígenas agrupadas en la Mesa de Tierra marcharon hacia la sede del gobierno provincial, para exigir acciones concretas en garantía de sus derechos. Esa acción se sumó a la decisión de frenar ellos mismos las topadoras y denunciar al gobernador Uturbey por “genocidio en grado de tentativa”.

En noviembre, los caciques Juan Vega, Eduardo Rivero, José Rivero, Roque Miranda y Florentino Pérez se dirigieron a la comisaría 42 de Tartagal y denunciaron al gobernador Uturbey de genocidio, por considerar que su accionar violaba los postulados constitucionales de la Nación y de la Provincia, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce la propiedad de la tierra a sus ocupantes originarios.

En la presentación se afirma que los territorios ubicados sobre la banda occidental de la cuenca del río Itiyuro se encuentran sujetos a un programa de desmonte masivo, por parte de particulares, avalados por el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia.

“Al momento de esa denuncia, más de ocho topadoras ya han volteado gran parte del monte, sobre todo en áreas de algarrobales, chaguar y caza de animales. Las topadoras están sobre tierras que utilizan las comunidades para recoger nuestra alimentación”, dice el texto de la denuncia mencionada.

El azote de las lluvias

La deforestación en el norte de Argentina posee un historial catastrófico. Organizaciones ambientalistas y los propios indígenas aseguran que el desmonte es la principal causa del cambio climático en la región.

En octubre de 2004, la Universidad de Salta advirtió sobre el riego de los desmontes en el pueblo de General Pizarro, en el departamento de Anta. En ese entonces, los especialistas habían afirmado que General Pizarro podría quedar expuesto a severas inundaciones y recibir masas de lodo desde las laderas de las sierras, si finalmente se desmontaba la superficie de bosque nativo que formaba parte de la reserva natural “Lotes 32 y 33”, desafectada y vendida por el entonces gobernador Juan Carlos Romero a tres empresas privadas.

El designio no tardó en cumplirse para Anta y otros pueblos. En 2006, Salta fue azotada por lluvias que dejaron aisladas a varias comunidades. “No hubo desmonte en la cuenca alta sino en la parte media y baja. Allí hay tres mil 166 hectáreas depredadas. Es decir que la superficie donde los árboles que fueron talados en la cuenca es tres veces mayor que la superficie de la cuenca misma. Esto hizo que el curso del río, en vez de seguir encauzado, produjera anegamientos”, explicaba en abril de 2006 Noemí Cruz de la comunidad wichi e integrante de una ONG ambientalista, cuando el río Caraparí desbordó el camino de tierra.

Otro factor que influye en el cambio climático es que sólo el 40 por ciento de la madera de los desmontes es utilizada. Al respecto Noemí Cruz, sostiene que el resto se quema o se abandona. Por un lado, al desaparecer el árbol, el agua de lluvia cae directamente sobre el terreno, sin que la copa y las raíces actúen como aliviadores y dosificadores del agua caída. Y por otro lado, la quema de madera libera cinco veces más gases de efecto invernadero que los procesos industriales. “Esos gases contribuyen a producir el cambio climático, uno de cuyos efectos es el incremento de las lluvias”, indica Cruz.

La espera que aniquila a los bosques

El desmonte trae consigo otro mal: la falta de control que cobró fuerza ante la inexistencia de un marco legal que los proteja. En ese contexto, en noviembre de 2007 fue sancionada la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la moratoria en los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos, para planificar de manera participativa su uso sustentable. Además, prohíbe el otorgamiento de permisos para desmontes.

En su artículo 42, la Ley dispone 90 días para su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional. “Ha pasado un año y el reglamento no se hizo. Esto es una clara violación de la ley. Ante esta falta es que se sigue desmontando en la Argentina. Y cada semana se derriban más de cinco mil hectáreas de bosques nativos. Y sin reglamento no hay multas que aplicar”, explica el diputado Miguel Bonasso (oficialista y actualmente alejado del Gobierno argentino), autor de la ley.

Entre ese entretiempo de sanción y reglamentación, durante el cual los desmontes siguen su curso, “la situación es complicada para analizar”, asevera Gabriel Seguezzo. “Esto es así porque debido a la aceleración de las presentaciones y autorizaciones, los días previos a la sanción de dicha ley generó mucha confusión”, agrega.

En efecto, en 2007, durante el final de su mandato como gobernador de Salta, el actual vicepresidente del Senado, Juan Carlos Romero, autorizó el desmonte de 478 mil 204 hectáreas de bosques nativos, cifra que se suma a las 300 mil hectáreas desmontadas durante 2006, según datos de la secretaría de Política Ambiental de esa provincia.

El dato llamativo es que el ex gobernador Romero otorgó esos permisos a grandes grupos económicos en el lapso que medió entre el tratamiento en Diputados de la Ley de Bosques que se produjo en noviembre de 2006, y la sanción definitiva del Senado, el 28 de noviembre de 2007.

Seguezzo manifiesta que, en la actualidad, se suceden tres situaciones. En primer lugar se contemplan los desmontes que en principio estarían en regla y podrían hacerse. En segundo lugar, las autorizaciones dudosas de su legitimidad, que por lo tanto no se pueden considerar aprobadas. Y por último, los permisos directamente ilegales, por tener vicios administrativos serios.

“Frente a este panorama, y aprovechando la confusión general, en muchas áreas de la provincia continúan los desmontes, aprovechando la falta total de capacidad de control por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Política Ambiental de la provincia. Cabe recordar que no hay política ambiental posible sin capacidad de control efectiva”, refiere Seguezzo.

El 28 de noviembre de 2007 no sólo se cumplió un año de la promulgación de la Ley 26.331 y de los plazos de reglamentación, sino que también caducaron los topes de tiempo para los Ordenamientos Territoriales. El Ordenamiento Territorial significa zonificar las distintas áreas de bosques nativos que existen en una provincia. En Salta fueron señaladas zonas con alto nivel de conservación.

La Ley indica que el Ordenamiento Territorial debe ser participativo para todas las personas, organizaciones e instituciones interesadas. El cacique wichi Oscar Lorenzo admitió que fueron convocados, pero que la reunión sólo fue informativa e insuficiente.

De acuerdo a Lorenzo, en ningún momento se habló sobre la delimitación del territorio, sobre “qué queda para nosotros, y solamente se habló de los sectores que se pueden desmontar”.

“Nos damos cuenta que no hay nada para nosotros”, se lamenta Lorenzo y se pregunta “¿para qué nos llevan si ellos son los que manejan y deciden todo?”.

“El año de la moratoria ha concluido y no todas las provincias han realizado su ordenamiento territorial. Esto podría dar pie a que los vivos que nunca faltan argumenten que se acabó el tiempo de veda y que pueden volver a desmontar alegremente”, expresó Bonasso en un artículo publicado el 30 de noviembre en el diario argentino Crítica.

Desde la Redaf creen que la Ley de Bosques constituye un avance para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales después de la Ley 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal, sancionada en septiembre de 1948. “El poder legislativo ha cumplido su rol, sin embargo, es el poder ejecutivo quien está en deuda pues cumplido un año, todavía no está la reglamentación- pronuncian en Redaf- Esto genera matices en las interpretaciones a la hora del Ordenamiento Territorial en cada provincia”.

Por otro lado, la organización agroforestal revela que tras algunas reuniones con el ingeniero Carlos Merenson, director Nacional de Ordenamiento Territorial y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría de Medioambiente de la Nación, el funcionario admitió que hay obstáculos políticos de parte de algunas provincias para la reglamentación.

En esa línea, el titular de Fundapaz agrega que la principal traba para reglamentar la ley e impedir más desmontes, es política “dada por una concepción de desarrollo que no contempla esta forma de vida y muy relacionado con el negocio, ya sea agrícola, ganadero, inmobiliario”.

Cabe destacar que cuando el proyecto de Ley de Bosques obtuvo media sanción en Diputados, el Senado le incorporó una cláusula con el propósito de crear un fondo especial para las provincias, de mil millones de pesos, destinado a otorgar compensaciones a los productores a los que se les impedía realizar nuevos desmontes. Sin embargo, el autor de la ley asegura que en el proyecto de Ley de Presupuesto para 2009 no hubo ninguna partida destinada a la implementación de la Ley de Bosques.

Mientras tanto, la Ley espera su reglamentación, el monte espera un nuevo genocidio, pero los indígenas no esperan. Resisten, exigen y se movilizan porque el monte es vida, alimento, trabajo e identidad de los pueblos originarios. Luchan contra una matriz ideológica de un modelo económico que ve al bosque como un montón de árboles, posibles de convertir en un montón de dinero, posibles de exterminar a un pueblo y su cultura. La lucha de los wichi s es el grito del monte por no desaparecer.

Desde la Redacción de APM