por Ayelen Waigandt
(ANALISIS DIGITAL) Integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú invitaron a la ciudadanía a participar de la marcha que se realizará el domingo 6 de setiembre hacia el Puente Internacional General San Martín con el objetivo de “acompañar la estrategia de la delegación argentina” en el comienzo de las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y para demostrar que “Gualeguaychú no da la licencia social” a Botnia.
La marcha fue anunciada en una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno y estuvieron acompañados por el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Fernando Raffo. Los asambleístas señalaron que la presencia del gobernador Sergio Urribarri “nos vendría muy bien como comunidad y como manera de expresar que cuando empiece la defensa argentina el 14 de septiembre estamos todos juntos”, aunque no pudieron confirmar la presencia del mandatario entrerriano. También anticiparon que entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre se ánunciarán más acciones similares.
Al abrir la conferencia de prensa, Raffo agradeció a los presentes “en nombre del gobernador, Sergio Urribarri” y resaltó que “se da un lugar al pedido de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú para venir a expresar, como lo ha hecho en otras oportunidades, esta marcha que están organizando por esta causa que ya lleva varios años contra Botnia”.
Consideró “importante no perder el origen de donde se inició todo esto y mostrar que la gente que está participando en esta lucha no es solamente la Asamblea, sino que también hay un pueblo, una provincia y una Nación que los están acompañando”.
Los integrantes de la Asamblea, anunciaron que bajo el lema “Argentina defiende la vida” el domingo 6 de septiembre marchará “no sólo Gualeguaychú sino todo el país al puente internacional San Martín porque hay un pueblo que hace cinco años que viene luchando para que Botnia se vaya de la cuenca del río Uruguay y para eso tenemos que confirmar que no tiene la licencia social”.
Señalaron que “a partir del 14 de septiembre comienzan las audiencias orales en La Haya, y por eso la idea es acompañar la estrategia de la delegación argentina con la mayor cantidad posible de movilizaciones sociales”. “Esta marcha será la primera de una serie de acciones”, adelantaron.
La abogada de la Asamblea, Ana Angelini especificó que “Argentina abre estas audiencias orales, se ofrecen las pruebas en forma oral y se presentan los alegatos de cada parte” y señaló que “desde la parte legal, como un aporte fundamental para que los jueces de la Corte Internacional de Justicia tengan siempre presente que Gualeguaychú no da la licencia social decidimos organizar esta marcha hacia el puente General San Martín”.
Consultados por ANALISIS DIGITAL sobre la importancia de la presencia del gobernador y los funcionarios del gabinete provincial en la movilización, el abogado de la Asamblea, Luis Leissa, aseveró que “se cursó una invitación formal al gobernador y al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo” y explicó que “creemos que más allá de las miradas y los ritmos diferentes que pueda haber, debe existir una conciencia fundamental de que acá hay una causa nacional de por medio, hay un eje respecto de la soberanía que queremos defender y en eso debe haber una conciencia absoluta”.
“Creemos que el gobernador comparte esta inquietud y nos vendría muy bien como comunidad y como manera de expresar que cuando empiece la defensa argentina el 14 de septiembre estamos todos juntos; desde lo simbólico sería muy importante que el jefe político nos acompañe –como nos ha estado acompañando- para que se demuestre que la comunidad de la cuenca del río Uruguay no le da la licencia social a este emprendimiento”. No obstante, Raffo no pudo confirmar la presencia del mandatario entrerriano en la movilización.
Especificaron que “la marcha será como las anteriores: a las 13 estarán en Arroyo Verde miembros de las distintas religiones que realizarán una oración interreligiosa; a las 14 se abrirá la marcha por el puente donde se leerá una proclama y se desconcentrará la movilización”.
Demanda del Ñandubaysal
En lo estrictamente legal, Leissa explicó que “Uruguay no sólo ha violado el Estatuto del río Uruguay como bien plantea el Estado argentino en la demanda ante la corte internacional de justicia, sino que también se ha bloqueado jurídicamente y sigue violando normativa jurídica internacional absolutamente aplicable”.
“Concretamente hay un tratado judicial de asistencia recíproca, que es el tratado de San Luis, que se firmó en el marco de lo que es el acuerdo del Mercosur donde Argentina, Brasil, Uruguay y Perú se comprometieron a suministrar pruebas y cooperar internacionalmente en lo que signifique las medidas judiciales que haya que adoptar para que funcionen en armonía”, explicó.
En ese marco, agregó que “el propietario del balneario Ñandubaysal planteó una demanda en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y Uruguay se negó sistemáticamente, en violación de este tratado de San Luis, a notificar a la empresa Botnia pese al requerimiento de la Cancillería Argentina. Es decir, operó una especie de bloqueo”. “Hubo que hacer una medida absolutamente heterodoxa que el doctor Fabián Moreno Navarro, como apoderado del balneario, tuviera que notificar a través de un escribano público y a raíz de eso recién se presentó Botnia por primera vez ante la justicia argentina”, indicó.
A ello acotó que “hay otras demandas de ciudadanos argentinos que están frenadas y el reclamo del fiscal (Enrique) Viana de Montevideo también está frenada”.
También recordó que está la causa penal por tentativa de contaminación, que fue una denuncia hecha por el ex gobernador Jorge Busti y el ex vicegobernador, Guillermo Guastavino, que “está paralizada y en la cual se pidió que se citara a prestar declaracion indagatoria a cuatros directivos de Botnia, sobre lo cual Uruguay también se bloqueó y ha negado cualquier colaboración”. Por eso, anunció que “estamos viendo la posibilidad de pedir que se los cite por edicto”.
“De que sirve todo esto: para demostrar que Uruguay no sólo viola el Tratado del Río Uruguay, no sólo tiene una postura absolutamente indefendible sino que también se niega a someterse a la justicia tanto argentina como uruguaya”, afirmó Leissa.
A su vez, dijo que “otro damnificado argentino, que es el propietario de la estancia La Victoria, el señor Guillermo Felber, ha promovido una demanda en la República Oriental del Uruguay; demanda que está absolutamente bloqueada, va a pasos muy lentos y ha contado con la absoluta complacencia del poder judicial uruguayo que, alineado detrás del Ejecutivo, lo único que ha hecho es bloquear el reclamo de un argentino”.
“Acá parece que hay una lógica binaria: que Uruguay es el país víctima y Argentina es el país agresor y victimario. Es tan cierto que Uruguay es un país entrañablemente unido a nuestra historia, es un país querible, que a muchos nos gustan las costas uruguayas; pero también es cierto que el Uruguay está violando, está eligiendo un modelo de desarrollo que nosotros no queremos y está apostando al monocultivo contrario a lo que nosotros queremos, porque Gualeguaychú ha elegido un modelo de desarrollo que tiene que ver con la actividad industrial, la actividad agrícolo ganadera y turística”.
Y concluyó: “Es un país que en este sentido se ha apartado de la normativa jurídica internacional y esperamos que la corte de La Haya, a partir del 13 de septiembre también lo verifique, lo constate y lo ratifique”.
Más actividades
En otro orden, Cristina Limba anticipó que entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre “les vamos a ir anunciado algunas acciones que se van a ir haciendo, algunas en Gualeguaychú y otras fuera de la localidad”.
Además, Augusto Goldaracena especificó que “el 14 de septiembre estará en Gualeguaychú un profesor europeo, Marcelo Conti, que es una ambientalista diplomado en investigación de problemas ambientales, muy reconocido en Europa, y que dará una conferencia”. “Está muy consustanciado con nuestra causa, hizo un análisis de los problemas de Botnia y fue uno de los primeros científicos internacionales que admitió que Btonia no podía funcionar donde está enclavada”, concluyó.