Rechazan nuevos productos destructores del ozono

El 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono, instituido en 1995 por la ONU. Ecologistas en Acción reitera al Gobierno español en este día su petición de prohibición inmediata del uso de compuestos que destruyen el ozono, concretamente el bromuro de metilo (BrMe) y los HCFCs, y pide medidas para que no lleguen al mercado nuevos productos destructores del ozono.

Ecologistas en Acción

Desde que se adoptó el Convenio de Viena en 1985 para la protección de la capa de ozono se ha logrado un recorte sustancial en la producción de los CFCs (compuestos clorofluorocarbonados), principales responsables de la destrucción del ozono. Sin embargo, la destrucción de la capa de ozono continua debido a la cantidad ya emitida de estos compuestos.

Pero además, los convenios internacionales no han eliminado aún la producción de la totalidad de los compuestos que destruyen la capa de ozono. En concreto, las sustancias conocidas como HCFCs (hidroclorofluorocarburos) y el BrMe (bromuro de metilo) podrán seguir fabricándose y usándose masivamente. Los efectos de este uso son un retraso en la recuperación de la capa de ozono, con el consiguiente aumento de la radiación ultravioleta sobre la superficie terrestre, lo que implica cánceres de piel, cataratas, debilitamiento del sistema inmunitario, reducción de la productividad vegetal, etc.

Por otro lado, la industria continúa intentando comercializar productos destructores de la capa de ozono, como el bromoclorometano, introducido en el mercado en 1998 y destinado a desaparecer en 2002 en todo el mundo según el acuerdo de Beijing de 1999. Esto demuestra la necesidad de un control estricto de nuevos productos comerciales que puedan afectar la capa de ozono, para que nunca lleguen al mercado.

Los HCFCs, la alternativa industrial a los CFCs, también destruyen la capa de ozono y además contribuyen al calentamiento terrestre. Por ello, el protocolo de Montreal prevé el fin de su consumo para el 2015 en los países desarrollados, y la eliminación en todo el mundo para el 2040. La razón de estos plazos tan largos para la eliminación de unas sustancias probadamente nocivas no es otra que las presiones de la industria química, que quiere recuperar las inversiones ya realizadas o planeadas para fabricar HCFCs. El beneficio privado de unas pocas multinacionales ha conseguido, por el momento, prevalecer sobre la protección de la salud pública, que ya está siendo afectada por la desaparición del ozono protector de la estratosfera.

En cuanto al BrMe, un biocida de amplio espectro, usado principalmente en agricultura (en cultivos, en especial fresa y tomate). Ya ha sido prohibido en algunos países, como Holanda y Dinamarca, no solo por destruir la capa de ozono, sino por su carácter contaminante del agua. El uso agrícola del BrMe puede sustituirse por técnicas mucho menos impactantes (solarización, control biológico de plagas, rotaciones de cultivos, abonado orgánico, etc).

El uso y producción de BrMe debe terminar en los países desarrollados en el 2005 y en el resto de los países en el 2015. Una iniciativa de la Comisión Europea para adelantar la prohibición a 2001 no fue aprobada, por presiones de países como España. La agricultura española es una consumidora importante de este compuesto, la mayor cantidad se usa en Huelva (fresón) y Murcia (pimiento).

La investigación científica ha puesto de manifiesto que cuanto mas se tarde en prohibir el uso de los HCFCs y del BrMe, mas tiempo tardará en repararse la capa de ozono, y durante mas tiempo estarán los seres vivos expuestos a un aumento de las radiaciones ultravioletas, con los consiguientes efectos negativos. Además, recientes investigaciones sugieren que el aumento de emisiones de gases de invernadero está influyendo también indirectamente en la destrucción del ozono estratosférico, agravando la pérdida de éste y retrasando su recuperación. Por consiguiente, Ecologistas en Acción ha reiterado al Gobierno español la prohibición inmediata de los HCFCs y del BrMe, así como un control estricto de nuevas sustancias y productos que quieran ponerse en el mercado y puedan afectar a la capa de ozono.

Fuente: Rebelión Ecológica

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