por Antonio Elio Brailovsky

Hace unos meses, un grupo de ciudadanos presentamos ante la Justicia un estudio de la Universidad de Buenos Aires que encontró residuos de plaguicidas en lácteos destinados al consumo infantil. El Juez archivó la causa “por inexistencia de delito”.

Para peor, había plaguicidas en el 90 por ciento de las muestras de productos lácteos analizadas por esa Universidad y algunos eran químicos extremadamente tóxicos y prohibidos en el país y en casi todo el mundo.

Hicimos la presentación en forma conjunta con la ONG Justicia Ambiental, y con el patrocinio de los abogados Félix Isla y Hugo Linares. Pedimos que se ampliara la investigación, para ver:

* Si se encontraban niveles especialmente altos de esos plaguicidas en otras muestras de lácteos.
* Si se trataba del resultado de una contaminación antigua o si se seguían vendiendo plaguicidas que estaban prohibidos desde hacía muchos años.
* Si alguna de las empresas lácteas tenía una planta especialmente destinada a vender a los Estados Unidos productos libres de plaguicidas, tal como indica una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo.

El Juez que recibió la causa la archivó “por inexistencia de delito”. El tema lo tomó el Fiscal Ambiental, quien hizo lo mismo. Pedimos se reconsiderara y nuestro pedido fue desestimado.

Lo interesante del caso es que tanto el Juez como el Fiscal llamaron a declarar a la investigadora de la UBA que hizo los análisis de lácteos, quien en su declaración contradijo los resultados de la investigación:

* Dijo que los niveles de plaguicidas encontrados eran muy pequeños y que no podían afectar la salud. Sin embargo, su investigación dice que el consumo diario de esos lácteos provocaría que los niños superaran la ingesta admisible de uno de los productos más tóxicos, el heptacloro. Es decir, que consumir esos lácteos podía provocar intoxicaciones acumulativas en el largo plazo.

* También contradijo sus recomendaciones, ya que éstas dicen que las empresas deberían elaborar los lácteos infantiles con niveles cero de plaguicidas. Si -como ella dice- los niveles actuales de plaguicidas no afectarían la salud, ¿para qué hacer una recomendación inútil?

* Por último, consideró una buena noticia haber encontrado un 10 por ciento de muestras limpias de plaguicidas. Previsiblemente discrepamos: para nosotros es una mala noticia haber encontrado un 90 por ciento de muestras contaminadas.

A pesar de las contradicciones evidentes (y que nosotros señalamos en nuestro escrito) tanto el Juez como el Fiscal se dieron por satisfechos y cerraron la causa. Tratemos de comprender qué ocurrió, evitando la fácil acusación a las personas involucradas. Creo que la explicación tiene que ver con que aún no hemos incorporado el riesgo ambiental al ejercicio de nuestras respectivas profesiones:

* Desde el punto de vista del Juez y del Fiscal, creo que aún no tenemos una percepción del rol de la Justicia en prevenir y evitar el daño ambiental. Para su mentalidad, para su formación “o castigamos a alguien o no hacemos nada”. En consecuencia, no se les ocurrió aceptar nuestro pedido de obligar a las empresas a hacer lo mismo que la UBA les recomendaba: usar leches libres de plaguicidas en la elaboración de productos para consumo infantil.

* En el caso de la investigadora de la UBA está el peso de toda nuestra formación académica. Desde que ingresamos a la Universidad nos enseñan que el rol del científico es producir informes de investigación y publicarlos (en lo posible, en inglés). Pero, ¿en qué momento de la carrera nos dijeron que la ciencia tiene que estar el servicio de la sociedad que la sostiene? ¿Alguien nos está recordando todo el tiempo que los números de una investigación pueden ser vidas humanas amenazadas y que tenemos un imperativo ético para actuar?