“Asumimos que habrá impacto, pero con beneficios sociales importantes”, dijo el ingeniero Jorge Adámoli – un profesional cuestionado desde hace más de una década por justificar emprendimientos con alto impacto ambiental y social.

Corrientes, Argentina.- La propuesta de instalar una represa sobre el río Ayuí, cerca de los mundialmente famosos Esteros del Iberá, es parte de un cuestionado megaproyecto agrícola con inversiones por más de 60 millones de pesos. Se trata de uno de los mayores proyectos para plantar arroz y soja entre otros cultivos, que arruinará en principio –y en forma irreversible–, 8 mil hectáreas de altísima biodiversidad.

La iniciativa, como se había anticipado, abarca 77 mil hectáreas ubicadas en el centro-sur de la provincia de Corrientes, propiedad de las firmas Copra SA, Pilagá SA y Tupantuva SA, e involucra al grupo financista internacional Soros, cuyo titular es vicepresidente del Grupo Clarín.

El proyecto, alentado por el incremento del precio de los granos en el mercado internacional, pretende incorporar 23 mil nuevas hectáreas de arroz a la producción correntina, lo que implicaría 130 mil toneladas extra para exportación.

Sin embargo, como el embalse de la represa sepultaría bajo las aguas unas 8 mil hectáreas de un ecosistema de altísima biodiversidad, considerado emblemático para el país y cercano al Iberá, se ha desatado una ola de críticas de organizaciones ambientalistas y personalidades de Argentina, y una creciente preocupación internacional.

Entretanto el estudio de impacto ambiental (EIA) realizado por las firmas privadas, con la conducción de Jorge Adámoli, espera la aprobación del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), un organismo que también es fuertemente cuestionado debido a la construcción de obras ilegales, como terraplenes para emprendimientos agrícolas, dentro del Iberá.

“Tuvimos una reunión esta semana (con el ICAA) y fue bastante favorable. Acercamos nuestras posturas y explicamos varios puntos. Ahora esperamos una respuesta”, informó a Momarandu.com el ingeniero Adámoli, contratado por el grupo de inversores para llevar a cabo estudios de impacto ambiental.

Los cuestionados antecedentes de Adámoli datan de los años ´90, cuando coordinó el grupo que realizó el estudio de impacto ambiental (EIA) del controvertido proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Curiosamente, el EIA de la hidrovía de Adámoli dio por resultado general “no impacto”, conclusión que contrasta notablemente con otros informes científicos independientes y el posterior abandono del proyecto por parte de Brasil.

Hacia 2000, el gobernador de Formosa contactó a Adámoli para realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto presentado por Landwirtschaftliche Investitionen AG (LIAG SA), ante la medida del Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, cuando exhortó al Ministerio de la Producción de Formosa a realizar un estudio de factibilidad ambiental previo y audiencias públicas, ante el polémico proyecto Laguna Yema.

Precisamente hace pocas horas en Formosa, Jorge Adámoli, dijo “compartir plenamente la visión del gobierno de la provincia en materia ambiental”. Sin embargo Formosa es fuertemente criticada por su actitud ante la Ley de Bosques y por el enorme desastre ambiental causado por la ruta 28 al atravesar el Bañado de la Estrella. (ver nota diario Clarín)

Arroz, soja y otros cultivos

Según el proyecto “Ayuí Grande” las plantaciones de arroz se ubicarán en lotes bajos de zonas anegadas y en lotes altos que “permitan una rentabilidad aceptable” según el costo de conducción del agua. Sin embargo, se sembrará aún más. Según el proyecto general se cultivarán bajo riego artificial también otras 5 mil hectáreas. En ellas habrá lugar para la soja, el girasol, el maíz y el trigo de uso forrajero, y se potenciará a la producción de carne porcina y aviar.

Pero para abastecer al megaproyecto, se necesitará agua en inmensas cantidades. Para eso se proyecta construir una represa en el arroyo Ayuí Grande –un importante curso de agua que en Europa, por ejemplo, sería considerado un río. La represa permitiría a las empresas incrementar la zona de riego hasta alcanzar a las 28 mil hectáreas de siembra pretendidas.

El ambicioso proyecto hizo que personalidades de la ciencia, el arte, la cultura y grupos ambientalistas de Corrientes y otras provincias de todo el país, levantaran la voz en protesta: “es ilegal que un grupo privado se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques nativos y sus especies animales y vegetales”, sostienen.

“Es una acusación sin fundamentos”, señaló enardecido a Momarandu.com el ingeniero Jorge Adámoli, durante un encuentro de los inversores.

Compensaciones y promesas

Adámoli dijo que “es cierto que habrá cierto impacto”. “Aparte, es ilógico pensar que no habrá acción del hombre sobre el medio sin impactos”, agregó.

Contradiciendo las advertencias sobre impactos negativos e irreversibles, Adámoli aseguró a Momarandu.com que “todo posible impacto fue investigado y ensayado según miles de posibilidades, para subsanar hasta el mínimo riesgo”. “Le buscamos hasta la sexta pata al gato, medimos hasta el impacto del paso de los camiones”, rió.

En cuanto al bosque eliminado, Adámoli dijo que de las siete mil hectáreas que serán inundadas, “sólo 137 kilómetros de bosque serán eliminados”, pero “es un bosque que no es único, las especies que están ahí están en todos lados”, justificó.

Adámoli dijo también que el megaproyecto incluye la creación de un área protegida “de administración privada”, que se extenderá por de 13.700 hectáreas de bañados, malezal y bosques “donde no se tocará al ambiente”. El área “receptaría” el impacto que producirá el uso de químicos industriales para la siembra y la emisión de gases de las maquinarias.

Reunión en el ICAA

La última reunión técnica se realizó en el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), conducido por Mario Rujana, para analizar aspectos puntuales del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto productivo Ayuí Grande, presentado por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Copra SA, Pilagá SA, y Tupantuva SA.

Participaron por el ICAA los titulares de Gestión Ambiental, Ingeniería y Jurídica, Adriana Rodino de Treviño, Beatriz Villalba de Alvarenga y Fernando Delssin respectivamente, la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción y profesionales de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.

Por el proyecto estuvieron presentes los representantes del grupo empresario Ricardo Freire, Gerente de Copra SA, los responsables del EIA, Jorge Adámoli, Ángel Menéndez y Raúl Fontán, de la obra de ingeniería de la represa Raúl Pariet y los responsables del proyecto productivo Federico Gallo, Roberto Moulín y Cristian Jetter.

La reunión giró en torno a aspectos del EIA y del proyecto productivo, entre otros el suelo, indicadores agroambientales, vegetación, fauna terrestre, aves, ictiofauna, impacto económico y social, impactos detectados, y el plan de gestión ambiental.

También participó por el ICAA el arquitecto Héctor Echechuri, quien fue co-director y profesor de “Evaluación de Impacto Ambiental” de la Maestría en Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata –informó finalmente Momarandu.com

Fuentes consultadas:

Blog de noticias “Salvemos el Ayuí”: http://ennombredelayui.blogspot.com/

Fuente: Fundación Proteger

• Fue en el programa “Mano a Mano con el Campo”, que se emite los viernes a las 22 horas por el Canal Rural.
• Landriscina iba a difundir una entrevista a Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, en defensa del arroyo Ayuí amenazado por un proyecto de represa para regar cultivos de arroz y soja.
• “Curiosamente, la represa, el arroz y el Canal Rural, pertenecen al mismo dueño”, deslizó Lacour.