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Fiesta en la corte de los Agro-Emperadores

por Víctor Ego Ducrot

(Buenos Aires)Con el cuento de la crisis, las corporaciones agrarias y financieras, locales y globales, se ponen las botas. Obama, la CIA y los medios las protegen. El caso argentino, la rebelión de la soja.

Argentina es uno de los grandes agroproductores del planeta. Hace un año, las entidades patronales del sector tendieron un cerco sobre el gobierno, con la intención de no pagar impuestos a la renta exportadora (retenciones) y se transformaron en el principal núcleo opositor de la derecha vernácula.

Estos sectores cuentan con la complicidad de la red mediática concentrada y en forma sistemática tienden a presentarse como víctimas frente al conjunto de la sociedad. Los elementos más conservadores del espectro político ven en ellos una oportunidad para recuperar el espacio relativamente perdido durante los últimos tiempos.

Esa, más o menos, pude ser la síntesis de la coyuntura política del país, pese a que para los pequeños productores de agricultura familiar, trabajadores urbanos ocupados y desocupados, para las más amplias capas de la población, la agenda de cambios profundos contra la pobreza sigue pendiente.

Sin embargo, la llamada “crisis del campo” excede lo local y debería ser considerada desde una perspectiva más abarcadora y estructural respecto de la Argentina misma, y en sintonía con lo movimientos telúricos que se dan al interior del sistema capitalista-imperialista.

Primero, lo que sucede en casa

La patronal agropecuaria y el gobierno nacional, que no quiere ni puede concederles el beneficio que reclaman, porque las cuentas fiscales colapsarían y los precios internos de la canasta familiar alimentaria treparían hasta las nubes, están condicionados por el círculo vicioso que domina al paradigma productivo de este país.

En ese sentido, resultará útil reproducir aquí las principales consideraciones de un muy inteligente artículo publicado por el diario Página 12 el 25 de febrero último, con el título “Doble renta”.

Los reclamos de la dirigencia del campo para que el gobierno disminuya los derechos de exportación de granos se basan en una visión distorsionada de cómo se debe conformar el nivel de utilidades del sector. El Poder Ejecutivo, como lo hacen otros gobiernos del mundo, busca recaudar impuestos en los sectores con mayor capacidad de generación de ganancias. El campo es claramente el sector productivo de mayores ventajas comparativas. Ventajas brindadas por la generosidad del clima y la tierra argentinos. Los productores no lo ven así, porque mantienen desde hace años un sistema productivo que divide la renta en dos partes: en promedio, 70 por ciento para el dueño de la tierra y 30 por ciento para el arrendatario. En el país casi el 70 por ciento de la tierra se trabaja bajo ese régimen. En Estados Unidos, el gran productor mundial de alimentos, menos del cinco por ciento de la tierra cultivada se arrienda. En Europa sólo se alquila el tres por ciento de los campos. En Brasil prácticamente no existe el arrendamiento.

Los arrendatarios, los más enfervorizados en la protesta, se quejan porque el 50 por ciento de su costo es el alquiler de la tierra. Por eso no hay precio ni nivel de retenciones que los satisfagan.

También sucede que ellos (los arrendatarios) no realizan las labores de siembra y cosecha con su propia maquinaria: la mayoría terceriza esos trabajos. Así entra en la distribución de la renta un tercer actor, el contratista, dueño de las maquinarias.

Con una misma inversión, el dueño de la tierra recibe un alquiler fijo, sin tener que invertir en semillas, fertilizantes, herbicidas, mano de obra ni maquinarias; el arrendatario entra en un negocio de gran nivel sin tener que invertir millones de dólares para comprar la tierra; y ambos evitan comprar tractores, sembradoras y cosechadoras.

Por su parte, Osvaldo Barsky, también citado por Página 12, explica en su libro “La rebelión del campo” que el mayor problema no es que se trabaje en tierras arrendadas, sino el exorbitante precio al que llegaron los alquileres, empujados por la competencia entre los grandes pooles de siembra. Este fenómeno deja afuera a los pequeños productores que, al no tener el mismo nivel de productividad que los grandes, van quedando marginados del negocio. Así se concentra la producción agropecuaria.

Recordemos que los pooles de siembra se conformaron a partir de la llegada de capitales financieros especulativos al sector agrario, constituyendo así el sistema de agronegocios, que en Argentina y en los países del Mercosur derivó en el modelo cuasi monocultivista sojero, orientado a los mercados globales y con severas consecuencias ambientales, sociales y alimentarias.

En algún momento llamó la atención que en la sublevación contra el gobierno coincidan entidades patronales de arrendatarios y de terratenientes (la Federación Agraria Argentina –FAA- y la Sociedad Rural Argentina –SRA- respectivamente). Algunos analistas consideraron que esa alianza sólo es consecuencia de los errores del gobierno, que no sabe diferenciar y propende así al aglutinamiento de las fuerzas patronales conspirativas.

Errores gubernamentales los hubo, y muchos. Sin embargo, considerar que esa nueva alianza se explica por ello resulta, cuanto menos, ingenuo. La convivencia de patronales arrendatarias y terratenientes se explica, fundamentalmente, en el hecho de que ambos sectores comparten el paradigma de agronegocios, sojero y orientado a los más altos rindes en los mercados mundiales de commodities.

Hace mucho que esa estructura agraria dejó en segundo plano su rol de productora de alimentos para el mercado interno; simplemente ello no está entre sus prioridades. Por eso, cuando el gobierno anuncia concesiones y mejoras para los sectores lecheros, por ejemplo (aunque también para la exportaciones lácteas), las patronales agrarias insisten con aquello que las une, la eliminación de la retenciones o pago por derechos a las exportaciones de soja.

El mundo y sus dueños

El esquema antes descrito juega sobre un tablero internacional, sobre el mismo que la derecha vernácula y sus protagonistas estrellas -la dirigencia patronal del agro- quieren posicionarse para imponer proyectos y obtener espacios políticos.

El 22 de febrero pasado, desde Bogotá, la publicación electrónica Vanguardia informaba lo siguiente.

Se vivió con el petróleo: de 40 dólares el barril, lo llevaron a un histórico de 130; y ahora, sustentando la crisis financiera mundial, se tasa por debajo del precio de donde inició esa aparatosa carrera alcista.

Para muchos, esa alta cotización fue el coletazo del fin del crudo, pues al parecer los pozos se habían secado; sin embargo, un sector considera que es la puesta en práctica de las llamadas “burbujas especulativas”, que suelen nacer y dar sus frutos en las principales bolsas del mundo.

¿Pero como sube y pierde 100 dólares en tan poco tiempo? Esa burbuja se les desinfló y crudo hay para rato.

Ese mismo fenómeno está ocurriendo con el precio del maíz, pues si bien es cierto que el 20 por ciento de la cosecha de los Estados Unidos (mayor productor mundial) se destina para etanol (agrocombustible), una tecnología costosa y hoy poco atractiva ante un petróleo barato, no es el referente para que la cotización tenga en apuros a medio mundo, cuando las cosechas, hasta la fecha, han sido normales y dentro de las proyecciones mundiales.

La fórmula del petróleo se la están aplicando al maíz, pues les genera altos dividendos, es el papel con que más se especula en la Bolsa de Chicago. No es que ellos manejen los físicos, si no que los corredores e inversionistas ponen a circular esa burbuja como la más atractiva del mercado, la cual se compra de mano en mano buscando los mejores dividendos. Estamos convencidos de que el precio del maíz en el mercado externo obedece a factores especulativos, los cuales son toda una montaña rusa. Esa especulación se está dando con todos los commodities.

Si es cierto que el mundo se cae como consecuencia de la llamada crisis global, ¿de donde salen los fondos para la nueva ronda de negocios especulativos?

Una buena parte se mantiene en los activos financieros de las grandes corporaciones del sector. Recordemos que lo que los medios de comunicación concentrados -herramientas de sentido de esas mismas corporaciones- espectacularmente denominan “nacionalización” de bancos en Estados Unidos y en la Unión Europea (UE), en realidad no es otra cosa que traspaso automático de pasivos privados a la “caja boba” del Estado, de un Estado que viene siendo privatizado en sus funciones operativas desde hace dos décadas. De esa forma, las corporaciones financieras continúan con sus buenos negocios, mientras que a la crisis la paga el conjunto de la sociedad.

Oros fondos que necesita el mercado especulativo de los agronegocios provendrán de los dos billones de dólares que el gobierno de Barack Obama decidió inyectar, “para salir de la crisis”, en la cuentas de entidades financieras, empresas y consumidores, de forma tal que estos últimos sigan aceitando la rueda, con nuevos endeudamientos.

Se trata de un negocio redondo para las corporaciones financieras; quizá más redondo aún que el obtenido con la inyección de activos que dispuso la administración Bush después de los auto atentados del 11 de septiembre del 2001, tal cual se describe en el libro “Bush & Ben Laden S.A.”, de quien esto escribe y editado en noviembre de aquél año en Buenos Aires, por la editorial Norma.

Y esos negocios quedarán garantizados si termina de imponerse la modalidad política que caracteriza a la actual etapa del sistema capitalista-imperialista, que denominamos Imperio Global Privatizado (IGP) –ver el ya citado libro “Bush & Ben Laden S.A.”-: la privatización del Estado, ya no sólo en lo que hace a sus empresas de servicios, por ejemplo, sino al Estado como aparato de gestión.

En Argentina, las patronales rurales tienen ese objetivo, aunque sus operaciones de prensa pretendan lo contrario.

El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, dijo días pasados: “todos los intentos del gobierno por quebrar a la Mesa de Enlace (expresión política de la patronales del agro) han fracasado y hoy por hoy son los productores los que deben ocupar los cargos políticos, antes que dejarlos en manos de marginales”.

Negocios protegidos por expertos

En uno de los primeros informes que recibió el flamante Obama, la CIA considera que la “crisis financiera internacional” es la principal amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Dicho documento acaba de ser elevado al Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos por el director de la Inteligencia Nacional de ese país, el almirante retirado Dennis Blair.

El informe advierte que si la “crisis” continúa se registrará un aumento del nacionalismo en el mundo. Países amigos podrían convertirse en enemigos, los aliados tendrán muchas dificultades para cumplir con sus acuerdos militares y sus obligaciones humanitarias, y los problemas inmigratorios se multiplicaran.

La atención recae sobre está centrada sobre países como China, los tigres asiáticos, Rusia y los países de Europa del Este.

Según publicó el 22 de febrero último el diario Clarín de Buenos Aires -emblema del sistema mediático concentrado local- los escenarios van desde una especie de Pearl Harbour financiero, es decir un ataque asiático contra el dólar hasta el regreso de algunos países de Europa del Este a políticas económicas más socialistas lo que conduciría a agravar las tensiones en el seno de la Unión Europea.

China es el principal acreedor de Washington, con casi un billón de dólares (cifra equivalente a la mitad del “rescate” que impulsa Obama) en bonos del tesoro de Estados Unidos.

También hay preocupación por lo que pueda suceder en América Latina y en África, donde la baja de los precios de la commodities combinado con la fuga de capitales hacia mercados más seguros está produciendo estragos, añadió Clarín.

Puede interpretarse que el documento del jefe de la inteligencia de Estados Unidos tiene la clara intención de desestabilizar toda iniciativa política que pueda obstruir los trazos estratégicos de los nuevos negocios globales de la especulación agro financiera.

Esa estrategia estadounidense tiene adecuaciones “nacionales”, de ahí la nueva agresión de Obama al presidente venezolano Hugo Chávez (dijo que Estados Unidos no pude depender del petróleo de “dictadores”) y los apoyos expresos y tácitos que la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires le viene dando en forma sigilosa a las patronales agrarias de Argentina.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández se vio obligado, el jueves pasado, a una más que justificada reacción. Por boca de su canciller, Jorge Taiana, calificó a la CIA de irresponsable y pidió explicaciones al embajador estadounidense, debido a un informe de esa agencia, en clara consonancia con las declaraciones de Blair ante el Congreso.

Taiana afirmó que son infundadas las conclusiones de la CIA, cuando sostiene que la “crisis financiera” se extendió particularmente a la Argentina. “Las conclusiones de la agencia de inteligencia estadounidense son irresponsables, infundadas y no muestran el respeto ni la madurez que deben existir entre dos países”, dijo el canciller

El primer informe sobre inteligencia económica que el nuevo director de la CIA, León Panetta, presentó a Obama asegura que “la agencia de los espías está siguiendo tendencias inquietantes en muchos lugares del globo, desde el sudeste asiático a América latina”, según reveló ese mismo jueves el diario The Washington Post.

Panetta había dicho que, en reuniones privadas, funcionarios de inteligencia latinoamericanos advirtieron a sus colegas estadounidenses sobre una crisis que se está extendiendo en todas partes del hemisferio, en particular en la Argentina, Ecuador y Venezuela.

Entre los expertos que se dedican a cuidar al reino de los agronegocios no sólo se encuentran los Estados de los países centrales y sus agencias militares, de seguridad e inteligencia. En esa función juegan un rol esencial los grandes medios de comunicación concentrados -aliados financieros y comerciales de las corporaciones, y por ende socios políticos-, los encargados de crear sentidos comunes (valores y opiniones) entre la sociedad, a favor de sus intereses sectoriales.

El Observatorio de Medios de Argentina, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) divulgó la semana pasada un breve pero revelador artículo -consultar en la web de APM- sobre cómo las patronales locales del agro se paran ante los medios de comunicación.

“Tienen que saber que la realidad es lo que percibe la gente, y esto viene de las escuelas de psicología infantil de Estados Unidos y es lo que hace que el otro actúe según lo que tiene en la cabeza: así es que si la gente cree que va a llover, va a salir con paraguas e impermeable, aunque no llueva”. Así se expresó en una de sus “clases” de la flamante escuelita de cuadros de la SRA, el consultor Felipe Noguera.

Dentro de la estructura mediática también juegan un papel relevante las famosas encuestadoras “científicas”.

“El sector agropecuario está mucho más sólido que el gobierno nacional en su estrategia de comunicación”. Esas fueron las declaraciones de Manuel Mora y Araujo, uno de los más destacados encuestadores argentinos al portal de noticias especializadas Infocampo, sistemático portavoz de las patronales del agro.

“Los dirigentes del agro han mostrado una gran apertura al diálogo siendo muy unidos, a pesar de las diferencias internas que existen; el gobierno, en cambio, no tiene un objetivo comunicacional muy claro y repite las mismas estrategias del año pasado. El gobierno sigue insistiendo con querer hacerle creer a la población que el hombre de campo es avaro, egoísta y malvado, cuando todos sabemos muy bien que esto está muy lejos de ser así: es un error repetir los discursos que nos llevaron a un conflicto tan largo el año pasado. La realidad es que buena parte de la sociedad argentina tiene gran simpatía hacia la gente de campo; esto no es así hacia el gobierno nacional, que está muy cuestionado en varios sectores de la sociedad”, afirmó el encuestador si dar pista alguna sobre la metodología “científica” desde la cual arriba a esas conclusiones.

La guerra por la comida

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) consideró que la producción mundial de cereales bajará en el 2009, principalmente, en Sudamérica, debido a las fuertes sequías y que los precios permanecerán elevados.

La FAO calcula que las reservas de cereales para el 2009/2010 se situarán en 496 millones de toneladas, el nivel más alto desde 2002, aunque para el año comercial 2008/09 (junio/julio) las previsiones apuntan a nuevos incrementos en el uso de cereales para la producción de agrocombustibles.

En Estados Unidos se prevé que el uso total se incremente hasta cerca de 93 millones de toneladas (de las cuales 91 millones son de maíz), un 19 por ciento más sobre el nivel de 2007/08, sostiene el informe dado a conocer en los últimos días.

Ese panorama, que para la mayoría de los expertos es indicativo de una marcada tendencia alcista en los precios promedio de la alimentación, tendería a agravarse en los países eufemísticamente denominados emergentes, porque serán ellos los más golpeados por los efectos de la llamada “crisis global”.

En Argentina por ejemplo, asoman indicadores preocupantes que podrían reflejarse en aumento de la desocupación y caída del consumo, hechos letales para un país que, paradójicamente, es gran productor agropecuario y ofrece tasas desmedidas de desnutrición infantil y pobreza generalizada (con casi el 50 por ciento de los trabajadores activos “en negro” o fuera del sistema).

Esos indicadores, difundidos esta semana por varios medios periodísticos y no desmentidos por el gobierno, dicen que el ingreso de divisas bajó un 36 por ciento en enero pasado, porque se vendió un 14 por ciento menos en cantidades y a un precio 25 por ciento menor.

En Brasil el panorama es similar y ambos países están haciendo esfuerzos para sintonizar una misma frecuencia ante la situación, pero no logran evitar la caída de los intercambios bilaterales y dentro del Mercosur en general.

Si Estados Unidos amenaza con que lo problemas de la pobreza en nuestra región son cuestiones de “seguridad nacional” para ellos, y por estas tierras no se le da respuesta estructural y de fondo a la pobreza -que como vemos cada día pasa más por la lucha por comer-, las fuerzas más conservadoras avanzarán en términos económicos y políticos.

Mientras tanto, las grandes corporaciones en “crisis” siguen con sus lucrativas especulaciones, comamos o no comamos.

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Fuente: Agencia Periodistica Mercosur

¿Son seguros los transgénicos?

por Carmelo Ruiz Marrero

¿A qué se debe la controversia en torno a los alimentos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos? ¿Son seguros para consumo o no?

Quienes defienden los transgénicos argumentan que no hay evidencia científicamente válida de que hagan daño. ¿Existe tal evidencia o no? Esta pregunta tiene sólo dos respuestas posibles, y ninguna de las dos trae sosiego. O respondo que sí hay evidencia de daños o respondo que no la hay. Podría responder de inmediato que sí, pero para demostrar que es la pregunta incorrecta responderé de primera intención que no.

Si no existe tal evidencia, todavía el debate queda abierto, todavía no queda demostrado para nada que sean seguros. Después de todo, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.

Quien esté tranquilo y satisfecho con la aseveración de que no hay evidencia de daños está presumiendo que alguien en alguna parte está haciendo o ha hecho averiguaciones a respecto. Los defensores de los transgénicos señalan, con un aire de finalidad como para poner fin al debate, que la agencia estadounidense FDA, que vela por la inocuidad de medicamentos y alimentos, declaró que estos productos son sustancialmente equivalentes a sus contrapartes no transgénicos y que por lo tanto no presentan ningún riesgo novedoso al consumidor.

Pero la FDA no examina los alimentos transgénicos. Lo que hace es aceptar los datos que le someten las compañías que los hacen. Casi todos los estudios que someten son confidenciales. Si son tan seguros estos productos, ¿Por qué la confidencialidad?

“El consultar la FDA sobre la seguridad de alimentos transgénicos es un ejercicio puramente voluntario, en el que la agencia recibe resúmenes sin datos y conclusiones sin fundamento”, informa el investigador Jeffrey Smith en su excelente libro ‘Genetic Roulette’ (Ruleta Genética). “Si la compañía alega que sus alimentos son seguros, la FDA no tiene más preguntas. Por lo tanto, se aprueban para venta variedades transgénicas que nunca fueron alimentadas a animales en estudios de seguridad rigurosos y probablemente nunca a humanos tampoco.”

La FDA “depende casi totalmente de la notificación voluntaria de las compañías de biotecnología”, advierten los científicos húngaros Arpad Pusztai y Susan Bardocz. La FDA “sólo acepta las aseguranzas de las compañías de biotecnología de que su producto es seguro.”

Los defensores de los transgénicos nos dicen que son los productos más minuciosa y exhaustivamente examinados de toda la historia y hacen referencia a montañas de estudios y datos a este fin. Pero cuando uno excluye los estudios que son confidenciales entonces la pila se achica bastante. De la pila que queda, la mayor parte consiste de estudios que si bien son minuciosos fueron hechos para determinar variables agronómicas relacionadas a la productividad y rendimiento, datos que no tienen ninguna utilidad para determinar inocuidad. Una vez excluimos esos, la pila de estudios y datos se achica más aún.

De los estudios que tienen alguna relevancia a la salud humana, ¿Cuántos de estos son públicos y no confidenciales? ¿Cuantos han pasado por el proceso de revisión por los pares y sido publicados en la literatura científica? Como que la pila sigue achicándose. Y de éstos, ¿cuántos NO fueron financiados por la industria de biotecnología?

¿Quién puede creer que la fuente de financiamiento de una investigación científica no es de importancia? En un informe publicado en la revista Nutritional Health, I. F. Pryme y R. Lembcke observan que los estudios científicos sobre transgénicos que no son financiados por la industria tienden a encontrar problemas con serias implicaciones para la salud humana, mientras que los estudios financiados por la industria nunca encuentran ningún problema.

De cualquier modo, ¿Qué compañía ha encontrado algo malo con sus propios productos? ¿Cuántas décadas pasaron antes de que la industria tabaquera admitiera tímidamente que quizás podía existir alguna relación entre su producto y el cáncer?

Sepan ustedes que los estudios sobre transgénicos revisados por los pares y debidamente publicados que tengan alguna relevancia a la salud humana son apenas más de veinte. De estos, ¿Cuántos fueron realizados con sujetos humanos? Uno solamente. Es realmente preocupante que se hayan comercializado estos productos de manera masiva cuando la base de datos sobre su inocuidad es tan diminuta.

Las pocas veces que datos confidenciales sobre alimentos transgénicos han salido a la luz pública éstos han resultado ser sumamente preocupantes.

El 22 de mayo de 2005 el periódico inglés The Independent reportó la existencia de un informe secreto de la compañía de biotecnología Monsanto sobre su maíz transgénico Mon 863. Según el informe, de 1,139 páginas, ratas alimentadas con este maíz por trece semanas tuvieron conteos anormalmente altos de células blancas y linfocitos en la sangre, los cuales aumentan en casos de cáncer, envenenamiento o infección; bajos números de reticulocitos (indicio de anemia); pérdida de peso en los riñones (lo cual indica problemas con la presión arterial); necrosis del hígado; niveles elevados de azúcar en la sangre (posiblemente diabetes); y otros síntomas adversos. Portavoces de Monsanto aseguraron que la compañía haría público el informe, pero no lo hizo de buena gana, alegando “confidencialidad”, y al principio sólo publicó un sumario de once páginas. No fue sino hasta que un tribunal alemán ordenó su divulgación unos meses después que el texto entero fue hecho público.

Es importante señalar que esta importante información es pública no por la buena fe de Monsanto sino porque algún buen empleado con acceso a documentos confidenciales de la compañía se tomó el riesgo de llevarla a la prensa. De no ser por este héroe anónimo, todavía hoy seríamos felizmente ignorantes sobre los efectos del Mon 863. Cabe preguntar entonces, ¿Habrá otros transgénicos nocivos que la industria de biotecnología nos está dando de comer a sabiendas de que son dañinos?

¿Qué más se puede esperar de una compañía como Monsanto? El excelente documental Le Monde Selon Monsanto (“El Mundo Según Monsanto”) de la cineasta francesa Marie Monique Robin, muestra cómo esta corporación ha pasado décadas negando responsabilidad por los horrendos daños a la salud ocasionados por el Agente Naranja, defoliante tóxico que ésta fabricó y que se utilizó extensamente en la guerra de Vietnam.

También se presenta en el filme el caso del pueblo de Anniston, en Alabama, EEUU, el cual sufrió por décadas de contaminación de sustancias tóxicas conocidas como PCB vertidas por Monsanto, contaminación que la compañía pretendió encubrir. En el curso de la batalla que la comunidad de Anniston dio en corte salió a luz un memorando interno de la compañía que decía “No nos podemos dar el lujo de perder un solo dólar de ganancia” (We can’t afford to lose one dollar of business).

En vista de estos hechos, ¿Qué se puede esperar de esta compañía cuando nos asegura que sus transgénicos son seguros? Robin y yo no criticamos a Monsanto de manera arbitraria y gratuita. Es que la compañía tiene 90% del mercado mundial de cultivos transgénicos, por lo tanto es sólo justo que reciba 90% de nuestras críticas.

Otro caso preocupante que demuestra que la FDA no está haciendo nada en lo absoluto para asegurar la inoucuidad de los transgénicos es el del guisante australiano. En 2005 un guisante transgénico experimental desarrollado en Australia por la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization provocó una fuerte reacción inmunológica en ratas de laboratorio.

Científicos de la escuela de investigación médica John Curtin en la ciudad de Canberra sometieron el guisante transgénico a una batería de pruebas de las que normalmente se hacen a medicamentos, no a alimentos. Las ratas que ingirieron el producto mostraron cambios significativos en sus sistemas inmunológicos y nódulos linfáticos. Esto es más que suficiente para prohibir su consumo.

Hay que enfatizar que las pruebas que realizaron los australianos no son requeridas por ley para alimentos transgénicos en Estados Unidos. Este producto hubiera entrado al mercado estadounidense si hubiera pasado por el sistema regulatorio de la FDA. Por lo tanto, no nos sorprenda que productos transgénicos igual o más nocivos que el guisante en cuestión pueden estar en el mercado ahora mismo.

Igual o más interesante que los resultados del experimento es el hecho de que los mismos científicos que desarrollaron el guisante y realizaron el experimento no entendían la importancia de lo que habían hecho. Las pruebas que habían realizado nunca antes se habían hecho con alimentos transgénicos y aún así ellos realmente estaban convencidos de que las pruebas que habían hecho eran la norma en el resto del mundo. Esto demuestra que los propios biotecnólogos- al menos la mayoría de ellos- están sumamente desinformados sobre su propio quehacer.

En honor a la verdad, la FDA sí examinó productos transgénicos, pero lo hizo una sola vez, en 1992. En ese entonces determinó que estos alimentos son perfectamente seguros y que al no presentar ningún riesgo nuevo, no necesitan de pruebas adicionales.

La agencia se negó a hacer públicos los documentos internos relacionados a estas pruebas, lo cual provocó en 1998 una demanda de una coalición de grupos de sociedad civil dirigidos por la Alliance for Biointegrity exigiendo que se hagan públicos. El juez le dio la razón a la parte demandante y como resultado se hicieron públicas sobre 44 mil páginas de documentos relacionados con las pruebas realizadas sobre los transgénicos. Estos documentos enseñan que, contrario a lo que decía la alta cúpula de la FDA, no había ningún consenso entre los científicos de la agencia en cuanto a la seguridad de los transgénicos, y que varios de ellos expresaban serias preocupaciones sobre riesgos a la salud.

Los documentos desclasificados son interesantísimos y educativos. En uno de ellos, fechado 6 de marzo de 1992, el microbiólogo Louis Pribyl dice que “los efectos involuntarios no pueden ser despachados tan fácilmente, simplemente implicando que éstos también ocurren en la crianza convencional. Hay una profunda diferencia entre los tipos de efectos inesperados de la crianza convencional y los de la ingeniería genética.” Por su parte, la oficial de cumplimiento Linda Kahl advirtió en un memorando con fecha de 8 de enero de 1992 que al “tratar de forzar una conclusión final de que no hay diferencia entre alimentos modificados por ingeniería genética y alimentos modificados mediante prácticas de crianza tradicional (la agencia está tratando de) meter una ficha cuadrada en un hoyo redondo… Los procesos de ingenería genética y crianza tradicional son diferentes y de acuerdo a los expertos técnicos de la agencia, llevan a riesgos diferentes.”

Resulta que el oficial puesto a cargo de la investigación sobre transgénicos no era científico sino abogado, el licenciado Michael Taylor. Previo a su servicio público representó a Monsanto. Y tras terminar su labor en la FDA volvió al sector privado y llegó a ser vicepresidente de Monsanto. Es un caso clásico de poner el cabro a velar las lechugas. En inglés le llaman ‘revolving door’, el conflicto de interés creado por el continuo movimiento de profesionales entre los sectores privado y público.

Y el caso de Taylor no es nada fuera de lo ordinario. Clarence Thomas, ahora juez del Tribunal Supremo de EEUU, fue abogado de Monsanto, y el ex-secretario de defensa Donald Rumsfeld fue por ocho años jefe de la farmacéutica Searle, la cual Monsanto compró en 1985. Y Anne Veneman, la primera secretaria de agricultura de la administración Bush-Cheney, había estado en la junta de Calgene, empresa comprada por Monsanto en 1997.

La activista e investigadora Beth Burrows, fundadora del Instituto Edmonds, dedicó años a investigar el ‘revolving door’ de la industria biotecnológica pero eventualmente abandonó este esfuerzo porque ella razonó que sería más provechoso hacer una lista de los servidores públicos que NO estaban brincando a las compañías de biotecnología.

En su tiempo en la FDA el supervisor inmediato de Taylor era James Maryanski, quien fue confrontado por Robin en su documental. El pobre, sin duda sintiéndose emboscado, murmuró algunos argumentos cantinflescos a la vez que admitía que efectivamente había disidencia entre los científicos de la agencia en torno a la inocuidad de los transgénicos. Pero aún así se les aprobó, en contra del propio reglamento de la FDA.

Podría hablarles de muchas otras instancias que demuestran que las preocupaciones acerca de la inocuidad de los transgénicos, como las papas de Pusztai, la tragedia del triptófano, el fiasco de la hormona transgénica rBGH, las ratas de Ermakova, el testimonio de Kirk Azevedo, y muchas más, están bien fundamentadas. Pero por la cuestión de la brevedad, vayamos directo al argumento de remate: el etiquetado.

Si estos alimentos son tan seguros, ¿por qué se opone la industria a que vayan etiquetados para que los consumidores puedan identificarlos y usar su criterio para decidir si los quieren comprar o no? Los argumentos de las compañías en contra del etiquetado no son ni remotamente convincentes. Simplemente no confían en su propio producto y tampoco confían en la inteligencia del consumidor. Quizás se oponen porque sin etiquetado no puede haber trazabilidad, y sin trazabilidad no se puede asignar responsabilidad si alguno de estos alimentos transgénicos resulta tener efectos imprevistos.

Las denuncias y cuestionamientos aquí presentados no constituyen oposición a toda biotecnología, como creen erróneamente algunos. Es simplemente un reclamo de que se salvaguarde la ecología, la salud humana y el interés público en el desarrollo de esta y cualquier otra nueva tecnología. Los biotecnólogos no tienen por qué considerar inoportunos los planteamientos aquí expuestos, si son los mejores intereses de la humanidad lo que les motiva. Si lo que les motiva es el lucro y la ambición entonces se puede entender su molestia.

REFERENCIAS:

Cummins, Claire. “Uncertain Peril: Genetic Engineering and the Future of Seeds”. Beacon Press, 2008.
Robin, Marie Monique. Le Monde Selon Monsanto. http://www.arte.tv/lemondeselonmonsanto
Smith, Jeffrey. “Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods”
Traavik, Terje & Lim Li Ching, editores. Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms” Tapir Academic Press, 2007.
Washington Post. “Monsanto hid decades of pollution” 1 de enero 2002.

Ruiz Marrero es periodista y educador ambiental, autor del libro “Balada Transgénica” y director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico.

La expansión sudamericana de Grobocopatel

Por Diego Ghersi*

La nueva etapa del capitalismo global que explota el monocultivo de transgénicos también genera polos de poder opositores al desarrollo total de la región.
En los últimos meses, el bombardeo mediático generado en derredor del lock-out agropecuario se convirtió para los argentinos en un curso acelerado de producción rural.

A través de su currícula, se hicieron conocidos personajes y empresas antes desapercibidos. Tal es el caso del grupo Los Grobo Agropecuaria, emprendimiento con sede en Carlos Casares (provincia de Buenos Aires, Argentina), que cultiva la friolera de 160 mil hectáreas y que factura aproximadamente 400 millones de dólares al año.

En muchos sentidos la empresa es una curiosidad. Merced a una particular gestión, el grupo de agro negocios Los Grobo ha proyectado hábilmente sus intereses a Uruguay; Paraguay; Bolivia; Colombia; Venezuela y Brasil, convirtiéndose en una de las pocas multinacionales de un país que no se distingue por poseer abundancia de las mismas.

Foto: Agencia Mercosur

El mérito de su líder, el ingeniero agrónomo Gustavo Grobocopatel, es haber sintonizado a tiempo las reglas hegemónicas de la economía mundial y haberse plegado a ellas con un modelo de gestión integral y eficaz. Esa metodología le ha permitido pasar –en muy poco tiempo- de una estructura familiar de empresa a un modelo industrial diversificado y moderno, donde su principal producto es el “saber hacer” en la forma de consultoría integrada también considerada como propiedad, en este caso intelectual.

Grobocopatel, que arrienda el 90 por ciento de la tierra que siembra, ha unificado la avidez de los mercados financieros, las ventajas de las nuevas tecnologías (siembra directa; informática y genética) y los centenarios saberes de un país de fuerte tradición agrícola y ganadera.

Sin embargo, la transformación de la agricultura en actividad industrial y la expropiación y separación de los hombres y mujeres de la tierra para su conversión en propiedad privada -y en mercancía- responden a la razón histórica del surgimiento del capitalismo.

Así, las críticas al modelo de agro negocios se fundamentan en la denuncia del sistema transgénico de siembra; a la mínima cantidad de mano de obra que emplea por la tercerización de sus tareas y a que su gestión va de la mano con la especulación financiera por el precio artificial que los alimentos obtienen acorde al humor de la Bolsa de Chicago.

“Soy un sin tierra” se autodefine Gustavo Grobocopatel y eso es técnicamente cierto: no se necesita ser el dueño patrimonial de la tierra para favorecerse con sus riquezas. El mecanismo de arriendos y fideicomisos le asegura ganancias sin más desembolso que los costos de producción y el sistema financiero lo provee de fondos frescos de inversión.

El corazón de los agro negocios es el uso de semillas transgénicas, que junto al sistema complementario de la agricultura industrial (agroquímicos, fertilizantes y tercerizaciòn), constituyen un “paquete” que es caballo de Troya para la reproducción de todo el sistema biotecnológico del capitalismo global.

La discusión acerca del modelo sojero del cuál Grobopatel es insigne abanderado es una cuestión de paradigmas. Por un lado la ecuación soja- pool de siembra- biotecnología- marginalidad- monocultivo- ganancias financiera- concentración. Por otro lado la diversificación de cultivos naturales, planificación, pleno empleo y reforma agraria. En el medio de la disputa, la idea de algunos sectores intelectuales y políticos convencidos de que en esta etapa histórica la supervivencia de los pueblos pasa por “administrar el capitalismo un poco mejor” o “hacer lo que se pueda”.

Resulta evidente que los agronegocios son la versión más avanzada de los mecanismos de expoliación de los recursos naturales en los países periféricos.

El desangramiento incluye grandes emprendimientos de infraestructura que facilitan el sangrado de riquezas, como es el caso del corredor interoceánico amazónico, que permitirá a la soja, a los minerales y a las maderas su rápida llegada a puertos peruanos del Pacífico y brasileños del Atlántico. Proyectos que, como la hidrovía Paraná-Paraguay, que son vendidos a la opinión pública bajo el falso sentido común de la nunca suficientemente agotada bandera del “desarrollo”.

Si se trata de una cuestión de paradigmas enfrentados se concluye que en la oposición agro negocios/agricultura hay un frente de batalla que amenaza seria y directamente a la matriz de pensamiento que es el corazón del proyecto de unión sudamericana.

Es por esta causa que sorprenden las actitudes de los gobiernos implicados en esa matriz frente a la expansión en sus territorios de empresas emblemáticas como Grobocopatel.

Sin embargo, si se analiza caso por caso, se comprenden las dificultades que entraña la creación de focos de resistencia desde los pueblos o la adopción de medidas gubernamentales que frenen el proyecto hegemónico.

Sabido es que uno de los grandes problemas de Sudamérica estriba en la desigualdad originaria en la distribución y explotación de la tierra y la consecuente desnutrición de las poblaciones. Ese problema es un desafío más a ser solucionado por cualquier gobierno progresista que se precie de tal. Una larga historia de latifundios y monocultivo precede a los tiempos que hoy corren y la necesidad de soluciones se hace urgente para los países del área.

En el caso de Venezuela, con tradición petrolera y no agrícola, la búsqueda de soluciones a sus problemas alimentarios y campesinos forzó una inexplicable y efímera alianza con el grupo Los Grobo. Inexplicable porque nadie pide soluciones de quién propugna métodos no acordes a su corriente de pensamiento: el universo entero es demasiado chico como para que quepan en él simultáneamente la idea de Reforma Agraria y el concepto de agro negocios.

El acuerdo firmado entre el presidente Hugo Chávez y Gustavo Grobocopatel pretendía utilizar el paquete de los agros negocios -pooles de siembra transgénica directa, agroquímicos y gestión- para producir maíz, soja y sorgo con maquinarias importadas desde Argentina. De paso también se podría reducir la dependencia venezolana de esos productos de origen estadounidense.

La cuestión empezó mal, cuando el gobierno venezolano eludió expresamente la utilización de transgénicos, un golpe al corazón del sistema agro negocios.

Tampoco ayudó para nada la política de restricciones que desde el inicio del ciclo Chávez ha buscado regular el avance de los capitales financieros originados en Estados Unidos.

La película terminó antes de siquiera empezar. Los Grobo debió abandonar Venezuela acusando de su fracaso a “problemas burocráticos que trababan el cobro de sus honorarios”. La soja, al final, no era tan “bolivariana” como Gustavo Grobocopatel lo había proclamado exultante tras la firma del acuerdo.

Pero, por otro lado, para el gobierno venezolano la idea de “administrar el capitalismo un poco mejor” resultó ser el anunciado fiasco que carga desde su mismísima enunciación.

No resulta extraño que sin solución de continuidad fuera el presidente de Colombia Álvaro Uribe, quién reclamara los servicios de Los Grobo.

Colombia, cuña invaluable para el proyecto hegemónico, resulta el ámbito ideal para la expansión del capitalismo avanzado y los negocios de corte financiero. Allí Los Grobo planean utilizar su potencial para cultivar una extensa e inexplorada área en los Llanos Orientales. Un acuerdo que en forma elíptica pretende venderse como un justificativo más para el 91 por ciento de popularidad que el presidente Uribe detenta desde el caso Betancourt y oponerlo –sin inocencia alguna- a la simultánea caída de popularidad de la presidente argentina, Cristina Fernández luego del conflicto rural. El falso sentido común sería “no se puede salir airoso si se da la espalda a los emprendimientos capitalistas exitosos”, complementario del postulado argentino que reza “no se puede ir contra el campo”.

La realidad es que el crecimiento de los agro negocios tiende a construir polos de poder que desafían las democracias constituidas.

Los Grobo también dice presente en Brasil. En ese país la situación se presenta siempre bajo la bandera de que el presidente Ignacio Lula Da Silva “administra el capitalismo un poco mejor” y de que “son sus decisiones congruentes con la expansión del capitalismo las que han catapultado a su nación a las puertas de ser la gran potencia soñada”.

Nadie recuerda lo milagroso que fue para Lula Da Silva ganar las elecciones con un discurso progresista bajo las presiones ejercidas por la élite financiera e industrial de San Pablo y Río de Janeiro.

También se olvida a los “Sin Tierra”, contracara del latifundio profundo, o a las dificultades que el presidente debe sortear diariamente para paliar los altos índices de sub alimentación y analfabetismo históricos de la población. Esas mismas presiones motivaron que cuando Rio Grande do Sul era ya territorio “libre de transgénicos” se hiciera una excepción a la ley y se permitiera la siembra de soja “mutante” proveniente de Argentina, también conocida como “la soja Maradona”. Antes de eso simplemente se contrabandeaba.

Si Argentina, en este caso, actúa como portaaviones de Monsanto (multinacional líder en genética de semillas y herbicídas) entonces Los Grobo (explotarán 30 mil hectáreas brasileñas durante el próximo año) es el avión naval de caza cuyo objetivo es instalar el capital de los pooles en territorio brasileño.

Los agro negocios brasileños se extienden en la profundidad del Paraguay produciéndole una virtual pérdida del territorio nacional: con cinco años de residencia en el país, un brasileño pro soja puede convertirse en Intendente de un pueblo paraguayo.

Dado que en Paraguay no existen latifundios, la siembra de soja se realiza en zonas de producción tradicionalmente indígenas o campesinas limítrofes bajo un poder oficial “foráneo”. El enfrentamiento con el resto de los productores -Paraguay tiene una explotación agrícola variada- se agiganta por el efecto de las fumigaciones y la intervención del ejército en defensa de los productores de soja. En Paraguay Los Grobo también tienen presencia de varios miles de hectáreas.

Uruguay es el país donde la reproducción del modelo del agro negocio sojero creció en menos tiempo ha desplazado los cultivos tradicionales. El conflicto agrario argentino empujó a los productores a desplazar sus intereses aprovechando el menor valor de la tierra uruguaya y la inexistencia de retenciones en ese país. Actualmente los pooles controlan la mitad de la producción de soja uruguaya consistente en 450 mil hectáreas, de las cuáles Los Grobo explotan 30 mil. La incompatibilidad entre las producciones de los pooles sojeros y las producciones variadas de origen familiar está generando en Uruguay crecientes protestas sociales y las autoridades parecen estar demasiado desconcertadas como para “administrar el capitalismo un poco mejor”.

En Bolivia, la reforma agraria propugnada por el presidente Evo Morales se enfrenta a una virulenta oposición centrada en las provincias separatistas “de la media luna”. La Reforma impediría los beneficios del cultivo y exportación de la soja transgénica, emprendimientos en los que Grobocopatel también está presente.

Como puede verse, los agro negocios sojeros avanzan disfrazados de progreso y son por su esencia contrarios a la libertad de los pueblos y del medio ambiente. Si con el fin de evitar conflictos mayores no queda más remedio que “administrar el capitalismo un poco mejor” habrá que tener muy claro que las soluciones a medias jamás remedian nada. Así la conjunción financiera y agrícola corporizada en multinacionales de agro negocios como Grobocopatel no solo no solucionan nada sino que siembran la desgracia a su paso. En esto hay que ir hasta el fondo porque no habrá piedad en la derrota.

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*Desde la Redacción de APM

¿Economía de revolución?

por Leonardo Boff

01/08/2008.- En las negociaciones de la ronda de Doha sobre comercio internacional se ha notado algo cruel. Mientras los países ricos se negaban a disminuir los subsidios agrícolas y a modificar otros renglones de la agenda comercial para preservar su alto nivel de consumo, otros luchaban, desesperadamente, para garantizar la supervivencia de sus pueblos.

Campesinos e indígenas apoyan iniciativa de Petrocaribe para la producción agroalimentaria

Declaración pública
Vía Campesina Centroamérica
Nosotras y nosotros, pequeños y medianos productores, y miembros de organizaciones de campesinos e indígenas de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá integrados en la Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, valoramos de mucha importancia la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran PETROCARIBE, quienes reunidos en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, el 13 de julio de 2008 en su declaración decidieron: