por Silvia Ribeiro*
Monsanto declaró a la prensa de México en días pasados, que la próxima publicación del llamado “Régimen Especial de Protección del Maíz”, le permitirá iniciar experimentos con maíz transgénico. Qué ironía histórica que tal régimen, en lugar de proteger al maíz y sus pueblos, es otro regalo que le hace el gobierno a las transnacionales que han privatizado las semillas, llave de toda la red alimentaria y patrimonio campesino legado a la humanidad. Para colmo: ¡producen menos!
• Con más de la mitad de la tierra cultivada hoy en el país, la soja se expande a expensas del maíz, el trigo, los cítricos y la ganadería, entre otras actividades agropecuarias.
• El modelo de la soja hace agua por el impacto social, ambiental, sanitario y económico en el mediano y largo plazo. Destruye la agricultura familiar y empuja a los trabajadores rurales a las ciudades.
En momentos en que el precio de la soja, principal cultivo de exportación de Argentina, alcanza niveles récord en los mercados internacionales, expertos en agricultura familiar y entidades ambientalistas alertan sobre el severo impacto social y ambiental del monocultivo.
Con 16,6 millones de hectáreas, más de la mitad de la tierra cultivada hoy en el país, la oleaginosa que ya cotiza en torno a los 600 dólares por tonelada se expande a expensas del maíz, el trigo, los cítricos y la ganadería, entre otras actividades agropecuarias. Este avance seguirá pese al polémico incremento del impuesto a la exportación.
El gobierno aumentó en marzo de 35 a 44 por ciento el gravamen y lo declaró flexible, puede crecer si suben los precios. Pero para torcer la resistencia empresaria ofreció a cambio generosos reintegros a pequeños productores, que son mayoría. De ese modo, en lugar de frenar, va a incentivar este cultivo, auguran los entendidos.
“El modelo de la soja se considera de ‘boom y colapso’ como sucede con la pesca, la minería o la explotación intensiva de la madera”, advirtió Jorge Cappato, de la Fundación Proteger. “Se presiona un ecosistema por encima de su capacidad de carga para obtener enormes ganancias a corto plazo a costa de los recursos”, describió.
“Con la gran rentabilidad asegurada, ¿quién va a querer producir trigo o leche?”, se preguntó Cappato. “El modelo de la soja hace agua por el impacto social, ambiental, sanitario y económico en el mediano y largo plazo. Destruye la agricultura familiar y empuja a los trabajadores rurales a las ciudades”, detalló.
El área sembrada de soja creció 126 por ciento en una década y, según señalan organizaciones no gubernamentales, se propaga en perjuicio no sólo de otros cultivos y actividades. Avanza además desplazando bosques nativos con su rica biodiversidad y áreas de agricultura familiar y pertenecientes a pueblos originarios.
“En los últimos nueve años, según datos oficiales, se perdieron 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos, sobre todo en el norte del país, y esto en gran medida se debe a la deforestación para sembrar soja, un cultivo que va arrinconando a las demás actividades”, explicó a IPS Hernán Giardini, de Greenpeace Argentina.
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente precisó este mes que en 2007 se perdieron un promedio de 821 hectáreas de bosques por día, y si bien se logró aprobar una ley para la protección y explotación sustentable de esos bosques, se teme que la voluntad de aplicarla en las provincias flaquee frente a la presión de los precios internacionales.
Además del repliegue de biodiversidad, los expertos señalan que el glifosato, el herbicida que se combina con la soja transgénica para el control total de malezas, contamina las napas de agua. Y su aplicación aérea ejerce un impacto negativo en la salud de miles de pobladores rurales que viven junto a los cultivos.
En diálogo con IPS, el ingeniero agrónomo Walter Pengue, investigador del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la estatal Universidad de Buenos Aires, indicó que a comienzos de los años 90 se vendían en Argentina un millón de litros de glifosato, mientras que el año pasado ya se superaban los 180 millones de litros.
“Es un insumo estratégico interesante, como puede ser el gasoil, pero hay que usarlo con racionalidad”, recomendó. No obstante, denuncias motorizadas por el llamado Grupo de Reflexión Rural, otra organización ambientalista, señalan que la fumigación sin control causa alergias, intoxicaciones, malformaciones, aborto espontáneo y cáncer.
Respecto de la siembra directa, asociada al cultivo de soja transgénica, Pengue aceptó que es una práctica que permitió disminuir la erosión del suelo, pero advirtió que esa mejora también posibilita llegar a sistemas lábiles donde el mismo cultivo resulta riesgoso, por ejemplo en provincias del norte del país.
Según este profesor de Economía Agrícola y Ambiente en varias universidades, el “sorgo de Alepo”, una maleza que está resultando resistente al glifosato, apareció ya en seis provincias, y las alternativas que se discuten para combatirlo implican volver a pesticidas descartados en los años 80 por ser muy tóxicos.
“Con este sistema (el de la soja transgénica) nos fuimos quedando sin expertos en malezas y los que hay están vendidos a las empresas (productoras de semillas modificadas y del herbicida)”, denunció. Asimismo, el suelo va perdiendo nutrientes que no recupera en la misma medida ni con grandes cantidades de fertilizantes.
Desde la década del 70, cuando comenzó a cultivarse soja, el suelo perdió 11,3 millones de toneladas de nitrógeno (ya descontada la reposición natural), 2,5 millones de toneladas de fósforo, y valores muy altos de otros nutrientes, precisó Pengue.
Finalmente, los analistas agropecuarios remarcan que el modelo tampoco es socialmente sustentable. “Hay una prosperidad puntual en algunas ciudades por los buenos precios. Pequeños chacareros arriendan su tierra y obtienen más dinero de lo que vieron en su vida”, aseguró Pengue. Pero esa bonanza “no es desarrollo”, distinguió.
“Un país no puede depender exclusivamente de los precios de un producto, tiene que apuntar a todos los alimentos, como está haciendo Brasil”, remarcó.
En el campo hoy, dijo, la tecnología desplaza a peones rurales por una mano de obra más calificada, capaz de manejar cosechadoras y otras máquinas. “Son los nuevos actores del campo y relegaron a los otros, que quedaron fuera del sistema”, agregó.
Giardini, de Greenpeace, también apuntó a esta cuestión. En la nororiental provincia de Chaco, tradicional productora de algodón, el avance de la soja redujo de 40 a 20 por ciento la población rural. Esos cambios se advierten en los suburbios hacinados de las capitales provinciales.
Según datos oficiales, la pobreza en Argentina afecta a 20,6 por ciento de sus 38 millones de habitantes. Pero en la región noreste, donde la soja reina, el fenómeno aumenta a 37 por ciento de los cuáles 13,6 por ciento es indigente, es decir, no tiene ingresos para afrontar gastos de alimentación básica.
“Campesinos de provincias como Salta o Santiago del Estero (en el norte), con una tenencia precaria de la tierra, están amenazados por la venta de campos con ellos adentro y eso también está relacionado con la soja a gran escala”, dijo Giardini.
“En algunas localidades pequeñas se levantan hoteles, casinos y hasta cabarets, pero no hay derrame (de las altas ganancias concentradas), y muchos (de esos sitios) todavía no tienen ni cloacas”, añadió.
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Fuente: Marcela Valente IPS / International Press Service
Buenos Aires, 10 julio 2008
Los movimientos campesinos e indígenas permanecen silenciados, pero lentamente la amplia visibilidad del conflicto agropecuario permite que emerja su voz: buscan manifestar su opción por otro uso de la tierra. No los escucharon siquiera los diputados de varios bloques de la oposición pero lograron afirmar una posición independiente contraria a las cuatro las entidades de “el campo”.
Al menos una funcionaria oficial los avaló en su discurso, la secretaria de Ambiente Romina Picolotti expresó que la expansión de la sojización: “No sólo es un enorme daño para el suelo sino para los pueblos originarios que viven en esa zona y que están siendo expulsados. Son 140 mil pobladores cuya cultura depende de los bosques naturales”. Para Perfil se trató de una “demonización de la soja” mientras que para Página 12 fue una exposición de los “daños ambientales” producidos por el monocultivo.
La quinta posición. Este último matutino es, como de costumbre, el que más informa acerca de la posición de los pequeños productores, quienes ya habían expuesto desde el comienzo su postura contraria al lockout y los cortes de ruta. Página 12 publicó en el artículo “El campo era otra cosa” el testimonio de Osvaldo Lovey de las Ligas Agrarias de Chaco, quien expresó que “apoyamos el esquema de retenciones móviles pero con reintegro” y de Beatriz Centeno, campesina jujeña que manifestó: “Nada que sale de la soja queda en nuestros pueblos”.
También se manifiesta la iniciativa en la que “el 90 por ciento de los movimientos campesinos e índigenas” participa de la conformación de una mesa coordinadora que permita representar a “150 mil pequeños productores dedicados a la producción de alimentos y a cultivos regionales”. Para Lovey: “Este segmento de productores es el que tiene las mejores condiciones para asegurar la soberanía alimentaria. En otros países son los que generan los mayores volúmenes de alimentos. En la Argentina, en cambio, estamos abandonados a nuestra suerte”.
Desde el Foro de Agricultura Familiar habían definido: “No estamos en contra de nuestros compañeros, sí de los que hacen agronegocios. La agricultura familiar es la diversidad de la producción, la diversificación y no el monocultivo. La tierra tiene que ser un bien social, para que en el Conurbano puedan cultivar y vivir como lo hacían muchos productores en sus pueblos de origen”. En este artículo de Página 12, se narra la crónica de cómo varios diputados no siguieron a esta otra voz del campo, pidiendo con nerviosismo tratar solo el tema de las retenciones.
Economía ecológica y ambiental
Para Carlos Vicente de GRAIN puede aplicarse la metáfora del síndrome de Estocolmo, ya que hay quienes actúan como secuestradores que enamoran a sus rehenes: “son las grandes corporaciones del agronegocio que tienen maniatada a toda la sociedad argentina”. El GRR agregó: “Las evidencias técnicas de las últimas década indican que al ritmo del crecimiento de la agricultura actual, en apenas una generación nos quedaremos sin tierras agrícolas, es decir, con suelos incapacitados de seguir produciendo alimentos en calidad y cantidad para nuestro pueblo”.
En un profundo documento, este grupo argumentó sobre la necesidad social de pensar en el ecosistema suelo, tan importante como el de los bosques, en donde la fertilidad se produce a través de la convivencia de nutrientes, con lombrices y microorganismos que la agricultura química amenaza. Por su parte, Picolotti precisó el pasivo ambiental de la sojización, como Página 12 se encargó de indicar: “por deforestación el pasivo alcanzó a 763.200.000 dólares; por erosión de suelos 852.800.000 dólares; por extracción de nutrientes, 1.283.773.820 dólares; y por la captación de carbono un monto de 1.562.400.000 dólares”.
Modelo neoliberal para el campo
En un reciente artículo en La Vaca, Norma Giarracca, del Grupo de estudios de Sociología Rural de la UBA, explicó el nacimiento del modelo del agronegocio que introduce la lógica financiera: “La semilla transgénica, modificada para resistir a los herbicidas, se siembra y luego se fumiga el campo con glifosato, un agroquímico que arrastra con todas las malezas y también con toda la biodiversidad, menos con la soja. La labranza cero lleva a que se necesiten muchísimos menos trabajadores por hectárea. Sin pagar mano de obra, contratando servicios a determinada escala de producción, son cultivos que rinden muy bien. Los chacareros y productores que venían de la época del endeudamiento, de precios internacionales muy bajos, entran en el modelo”.
La especialista ya había expresado que “los últimos dirigentes de FAA –Bonetto y Buzzi– se equivocaron y desoyeron críticas que hacen los ambientalistas, la agroecología, Vía Campesina, entre otros, al nuevo modelo neoliberal para el campo, bajo el supuesto de que con él `salvarían´ al sector”. Y explicó en su artículo sobre el Grito de Alcorta: “El capitalismo concentrador no acepta en sus producciones de punta la pequeña propiedad como pasaba hace casi un siglo. Sólo bajo las coordenadas de otro modelo agrario, para la soberanía alimentaria, y sin las fabulosas ganancias actuales, podrá sobrevivir como sector y reconciliarse con otros sectores subalternos del campo argentino”.
Su última reflexión debe ser tenida en cuenta: “Creo que desde una posición progresista no hay que pedir retenciones, sino un cambio del modelo sojero. Ellos crearon un Frankestein, se hicieron socios de un monstruo que les hizo creer en la idea del desarrollo. El gobierno dice que con las retenciones enfrentan a la soja, pero el Estado y el agronegocio son socios. Si el gobierno los grava es para convertirse en socio de sus ganancias. Hay que volver a la idea de producir alimentos, porque en este país hay diez millones de personas sin alimentos”.
¿Cuestión de dinero?
Otra de las noticias de consistió en que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) intimó a las empresas exportadores el al fisco de 650 millones de pesos de retenciones mal liquidadas. El monto es una parte de los 1.447 millones de dólares que según la denuncia de los diputados Claudio Lozano y Mario Cafiero por “defraudación al fisco practicada por los exportadores y pagada por los productores”, que es parte de la especulación del modelo de los agronegocios.
Para el Consejo Asesor Indígena: “Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a una confrontación entre el Gobierno y sectores del capital agropecuario que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por el acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio ancestral indígena (…). La defensa de nuestro territorio ancestral la hacemos y seguiremos haciendo desde esa cosmovisión, en la que no es posible escindir la vida del pueblo de la de los recursos naturales; mucho menos el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y sus respectivas rentas que ofenden y mansillan al wall mapu”.
Por todas las voces expuestas, es necesario analizar la complejidad que encierra el conflicto de “el campo” que implica analizar cómo y para qué se va a utilizar el ecosistema tierra como un bien social. El argumento socioambiental implica aplicar un criterio de justicia que responda a una agricultura con campesinos para la soberanía alimentaria y la salud de la población.
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http://comambiental.blogspot.com/2008/06/el-argumento-socioambiental-en-el.html
por Roberto Aguirre
La ONU que advirtió que la crisis alimentaria puede convertirse en una tragedia humanitaria. Las causas y consecuencias de un problema que sacude a América Latina.
Como tantas otras veces en la historia de América Latina, Haití se convirtió en un termómetro del humor social frente a una de las crisis alimentarias más graves de la historia de la humanidad. Hace dos semanas, en medio de protestas por el alto costo de los alimentos, diez personas murieron en Puerto Príncipe, y el primer ministro Jacques Edouard Alexis se vio forzado a renunciar frente al oscuro panorama.
Pero el problema no es exclusivo del país caribeño. Los conflictos a raíz del alza mundial de la canasta básica de consumo, que según el Banco Mundial (BM) aumentaron en tres años alrededor de un 83 por ciento, parecen reproducirse por el mundo. Egipto, Camerún, Costa de Marfil, Mauritania, Etiopía, Madagascar, Filipinas e Indonesia, son algunos de los países en los que los incrementos del nivel vida obligaron a miles de personas a volcarse a las calles, en búsqueda de una respuesta a las trabas que amenazan con socavar la base de su existencia.
La coletazos de la crisis llegaron incluso a Estados Unidos, donde las empresas Sam`s Club -que pertenece Wal Mart- y Costco, restringieron la venta de arroz a sus clientes por temor a los cortes en el suministro, lo que provocó una disparada en el precio del cereal que rápidamente repercutió en el mundo entero.
Sin embargo, este panorama no es nuevo. El alza de los commodities y la inflación mundial vienen generando un incremento en el precio de los alimentos desde hace varios años. Lo que sí es nuevo, es la voz de alarma que los organismos internacionales lanzaron días atrás sobre la crisis alimentaria en el mundo.
La primera advertencia vino de parte de la UNSECO, que habló sobre una “inminente explosión social” desatada por el alza de los productos básicos. A través de un documento titulado “Evaluación Internacional de las Ciencias y Tecnologías Agrícolas para el Desarrollo (IAASTD)”, el organismo dependiente de la Naciones Unidas concluye que “mantener las tendencias actuales en producción y distribución (agrícola) agotaría nuestros recursos y pondría en peligro el futuro de nuestros hijos”.
De hecho, el documento va aún más allá y, en una reivindicación que cómodamente podría adjudicarse al Movimiento sin Tierra de Brasil, advierte que “la agricultura moderna deberá cambiar radicalmente para servir mejor a los pobres y hambrientos” y aconseja una vuelta a los métodos de producción tradicionales, al empleo de semillas orgánicas, al uso de abono natural y al empleo de caminos más cortos entre productores y consumidores.
Al igual que la UNESCO, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) evaluó, a través de su directora ejecutiva, Josette Sheeran, que la crisis provocada por el incremento global de los precios de alimentos se asemeja aun “tsunami silencioso” que podría sumir a más de 100 millones de personas en la pobreza y el hambre.
Lo curioso de estos pronósticos, cuya certeza y alarmismo son incuestionables, es que provienen de un organismo internacional que históricamente defendió el modelo agrotécnico, padre de la crisis, cuya única respuesta frente a la crisis fue y es el reparto de alimentos y no el desarrollo de una política que modifique de raíz el modelo de producción y distribución.
Pero, más allá de esas contradicciones, es evidente que el tema ha dejado de ser una preocupación de movimientos sociales y organismos dedicados a la materia, para convertirse en un problema global.
Los lamentables episodios de Haití, con centenares de personas haciendo colas para buscar una ración de arroz o arrojados a las calles para pedir alimentos más baratos en medio de las balas de los cascos azules de la ONU, son postales que ya no sólo asustan al “tercer mundo”, sino que preocupan al todo el orbe.
Sin embargo, al tiempo que estas advertencias se reproducen y los medios de comunicación del mundo convierten el hambre en una fotografía o en una cuidada producción audiovisual, las principales causas de esta feroz crisis alimentaria no son reveladas ni mucho menos atacadas por un sistema que, por el contrario, las reproduce día a día.
Más allá de las reflexiones que pueden hacerse acerca de la coyuntura económica, social e histórica, hay algunos puntos que son esenciales para comprender el alza galopante en el precio de los alimentos.
En principio, la voracidad de los países emergentes como China e India han disparado los precios de los commodities (ver “Algunas preguntas sin respuestas” de Pablo Ramos, APM, 06|04|2008). Sin embargo, lo que podría presentarse como una oportunidad histórica para los países que basan gran parte de su economía en la producción de alimentos –el caso de prácticamente toda América Latina- se ha convertido en una mina de ganancias para un sector reducido de la agroindustria que no se refleja en el resto de la sociedad.
Paralelamente, hay estados impotentes o cómplices cuyas políticas no alcanzan para capturar y distribuir esa fabulosa renta de exportación que se queda en manos del capital concentrado, muchas veces de origen internacional.
Por otra parte, esa gran voracidad de los países emergentes también tiene sus complejidades. Tal es el caso de China, que ha desarrollado una política alimentaria a largo plazo por la cual pretende incorporar carne a la dieta de su población –más rica en nutrientes-. Por esta razón, su mayor demanda no son los alimentos para consumo humano, sino comida para animales. Aquí es donde aparece la soja, un “yuyito” -al decir de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner- cuya producción es altamente rentable por sus fabulosos precios internacionales, pero que posee costos ecológicos y sociales que pueden ser trágicos.
El razonamiento en este punto roza la lógica más elemental: a más plantaciones de soja, menos plantación de otros cereales y oleaginosas que sirven para el consumo directo lo que, frente a la baja de la oferta y el aumento de la demanda, se traduce en un aumento de los precios que se va trasladando a toda la cadena productiva.
De la misma forma, el desarrollo de los agrocombustibles -que acentúan el modelo agrotécnico- así como el alza histórica en el precio del petróleo, repercuten directa o indirectamente en la suba de los alimentos.
Dentro de este oscuro panorama, los países más afectados de América Latina y el Caribe han tomado diversas medidas -más o menos efectivas- para contrarrestar la crisis e intentar garantizar la seguridad alimentaria de su población.
En Haití, el presidente René Préval anunció un recorte del 15 por ciento en el precio del arroz que será financiado por el sector privado y la ayuda internacional. Sin embargo, muchos tildan la medida de precipitada y efectista, y los sectores empresarios no se mostraron muy dispuestos a subsidiar el recorte anunciado por el mandatario.
Otro ejemplo es el de República Dominicana, donde el gobierno ha comprado toda la producción de cebollas y pollo y para colocarla en el mercado a un precio más económico. Este tipo de políticas, en realidad, tienen un efecto electoralista, por lo que no es de extrañar que el presidente Lionel Fernández tenga las mejores opciones en mayo de ser reelegido en su cargo.
A Dominicana se le unen varios estados que buscan, en mayor o menor medida subsidiar los alimentos. Un ejemplo es el de Venezuela, donde los mercados populares abastecen a gran parte de la población, pese a la falta de productos generalizada por la puja entre el Gobierno y los sectores empresarios.
El ejemplo de estados interventores frente a la crisis se repite en Bolivia, cuyas Fuerzas Armadas se han volcado a la tarea de amasar pan, buscando bajar los precios del producto a base de harina de trigo. El gobierno de Evo Morales, incluso, ha dispuesto un cierre de las exportaciones de aceite –medida duramente criticada por los empresarios de derecha nucleados en Santa Cruz- con el objetivo de retrotraer su aumento. Políticas similares se han aplicado en Argentina con la carne, aunque no han dado resultados concretos.
De la misma forma, muchos estados han implementado planes de subsidio directo para intentar garantizar el acceso de los sectores carenciados a los alimentos básicos. Chile, Nicaragua y Brasil son un ejemplo, sobre todo este último, que con el plan “Hambre Cero” ayuda a alrededor de 20 millones de personas. Al igual que con otros bonos sociales, los subsidios siempre son susceptibles de fomentar el clientelismo y, en última instancia, no son medidas de fondo que solucionen el problema.
Idéntico problema tienen las políticas de retenciones a las exportaciones que implementa, por ejemplo, Argentina. En este caso, las quitas buscan apropiarse de parte de la renta extraordinaria del campo e, indirectamente, desalentar el cultivo de soja y girasol para fomentar el de otros cereales como el maíz. El principal problema de esta medida es que la renta extraída engrosa los fondos del estado y no sigue un camino directo hacia la distribución de la riqueza.
Por su parte, Perú ha desarrollado una política para el cambio de las pautas de consumo frente al alto incremento de la harina de trigo. En este caso, el Gobierno alentó la creación del “papapan”, un pan a base de harina de papa o patata cuyo precio es mucho más económico. La medida es interesante como paliativo pero, de nuevo, no va al fondo de la cuestión.
Pero no todo es negativo. Así como América Latina no ha dado respuestas concretas a la crisis alimentaria, en los últimos días dos propuestas han dado cierta luz de esperanza en medio del marasmo generalizado.
Una de ellas fue el acuerdo suscrito por los países que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), que propusieron el desarrollo de programas integrales para la producción de cereales -principalmente arroz y maíz-, leguminosas, fríjol, oleaginosas, carnes, leche y agua para el riego de sembrados.
El presidente venezolano Hugo Chávez, sus pares de Bolivia, Evo Morales y de Nicaragua, Daniel Ortega, así como el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, se comprometieron además, frente a la advertencia realizada por los organismos de la ONU, a crear un fondo con un capital inicial de 100 millones de dólares para ejecutar esos programas.
La otra respuesta concreta a la crisis alimentaria llegó desde Cuba, que dentro de su proceso de cambios internos está impulsando una nueva reforma agraria. La urgencia económica de la isla condujo a que el nuevo gobierno de Raúl Castro anunciara el reparto de tierras entre los agricultores, con el objetivo de que la trabajen, para aumentar la producción nacional y reducir las exportaciones.
La profundidad de la crisis alimentaria en el mundo se acentúa cada día más. Mientras los pronósticos abundan, son pocos los intentos reales de subsanarla. Por esta razón es fundamental una pronta y efectiva respuesta, sobre todo de los países centrales, para evitar una catástrofe de proporciones.
De otra forma, esos augurios futuristas del cine de ciencia ficción, donde el ser humano se convierte en una especie en extinción, estarán cada vez más cerca de convertirse en realidad.
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Fuente: Desde la Redacción de APM – Prensa Mercosur
por Frei Betto
¿Quién se imaginó que tendría que entrar en una butique para comprar arroz, frijoles, verduras y carne? Pues quizás no estemos lejos de ello. El precio medio de los alimentos se triplicó en los últimos doce meses.
El año pasado los dueños del mundo invirtieron en la industria de la muerte -la fabricación de armamentos- US$ 134 mil millones, un 45 % más que hace diez años, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz. En gastos militares los gobiernos invirtieron el 2.5 % del PIB mundial. Por cada habitante del planeta se destinaron US$ 202 a alimentar las bestias del Apocalipsis con misiles, bombas, minas y artefactos nucleares. En resumen: según la FAO, comparado con los gastos en alimentos, el valor consumido por los armamentos lo superó ¡191 veces!
Los Estados Unidos facturaron en el 2007 un 45 % de la venta de armas en el mundo. Este mercado hoy día es dominado por 41 empresas estadounidenses y 34 de Europa occidental. En los últimos diez años los gastos militares de los EE.UU. aumentaron un 65 %, sobrepasando todo lo que se invirtió durante la Segunda Guerra Mundial. Es el precio de las intervenciones en Iraq y en Afganistán.
Además de esa desproporción brutal entre lo que se invierte en la muerte (armas) y lo que se aplica a la vida (alimentos), la crisis del petróleo, con el barril por encima de los US$ 130, eleva terriblemente el precio de los alimentos. En los últimos 50 años se industrializó la agricultura, lo que aumentó un 250 % la cosecha mundial de cereales. Pero eso no significó que se pusieran más baratos y llegaran a las bocas de los hambrientos.
La agricultura pasó a consumir petróleo en forma de fertilizantes (éstos representan 1/3 del consumo de energía en la producción y aumentaron un 130 % en el último año), pesticidas, máquinas agrícolas, sistemas de irrigación y de transporte (desde los camiones que hacen llegar el alimento al mercado hasta el motorista repartidor de pizzas).
La agricultura industrializada consume 50 veces más energía que la agricultura tradicional, pues el 95 % de todos nuestros productos alimenticios exigen la utilización de petróleo. Sólo para criar una vaca y ponerla en el mercado se consumen seis barriles de petróleo, de 158.9 litros cada uno.
La subida del precio del petróleo abre un nuevo y vasto mercado para los productos agrícolas. Antes ellos eran destinados al consumo humano. Ahora son empleados también para alimentar máquinas y vehículos. El precio del petróleo aumenta el de los alimentos sencillamente porque si el valor del combustible de una mercancía excede su valor como alimento, se convertirá en agrocombustible.
¿Quién va a invertir en la producción de azúcar si con la misma caña se obtiene más ganancia generando etanol? Es obvio, el azúcar no desaparecerá de los estantes del supermercado. Pero será ofrecido como artículo de lujo a fin de compensar las inversiones de quien dejó de producir agrocombustible.
No se trata de ponerse contra el etanol, sino de ponerse a favor de la producción de alimentos, de modo que sean accesibles a la renta media mensual del brasileño corriente, que gana unos US$ 300. Además, nadie desconoce el trabajo esclavo o semiesclavo que predomina en los cañales del Brasil, según una reciente denuncia de Amnistía Internacional. Es urgente que el Congreso Nacional apruebe la PEC 438/2001 contra el trabajo esclavo. Desgraciadamente, Planalto acaba de editar la Medida Provisional que no obliga al cumplimiento de inscripción del trabajador hasta después de los tres meses de contratado. ¿Cuántos trabajadores eventuales no van a quedar condenados al régimen perpetuo -y legal- de trimensualidad laboral y sin derechos laborales?
Algunas empresas de producción de etanol obligan a sus trabajadores a recoger hasta 15 toneladas de caña al día y les pagan no por las horas trabajadas sino por la cantidad recogida. Según especialistas, tal esfuerzo causa serios problemas de columna, calambres, tendinitis y enfermedades en las vías respiratorias debido al hollín de la caña, deformaciones en los pies por el uso de gruesos zapatos y daños en las cuerdas vocales por tener el cuello torcido durante el trabajo.
En la cosecha los trabajadores están empapados de sudor debido a las altas temperaturas y del excesivo esfuerzo. Para cortar una tonelada de caña hay que dar mil machetazos. Los salarios pagados por producción son insuficientes para garantizarles alimentación adecuada, pues, además de los gastos de alquiler y transporte desde sus lugares de origen hasta el interior de São Paulo y de Minas, envían parte de lo que ganan a sus familias.
El actual régimen de trabajo reduce el tiempo de vida útil de los cortadores a unos 12 años. En 1850, en que el tráfico de esclavos era libre y la oferta de mano de obra abundante, la vida útil de esos trabajadores era de entre 10 y 12 años. A partir de la prohibición de importar negros, el trato mejor dispensado a los esclavos amplió su vida útil a entre 15 y 20 años.
Si el gobierno federal desea promover el crecimiento económico con desarrollo sustentable, sin antagonizar esas dos metas de nuestro proceso civilizatorio, es preciso evitar los males apuntados, además de hacer la reforma agraria, de modo que se multipliquen las áreas destinadas a la producción de alimentos, balanceándolas con las que hoy día están ocupadas por el agrocombustible.
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(Traducción de J.L.Burguet)
Fuente: Agencia Latinoamericana de Información
ALAI AMLATINA, 23/06/2008, Sao Paulo.-
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