Humedales del Paraná inferior: por qué se discute cómo gestionarlos
Desde 2005 se busca darles protección jurídica a las islas entre Rosario y Victoria. Qué son esos humedales, qué los amenaza y en qué quedó la discusión.
Los humedales del tramo inferior del río Paraná, el gran mosaico de islas, lagunas y bañados que se extiende frente a Rosario y Victoria, son uno de los ecosistemas más valiosos y más presionados de la Argentina. Desde hace dos décadas se discute qué estatus legal deben tener y quién debe decidir sobre su uso.
En diciembre de 2005, organizaciones ambientalistas de Rosario y Paraná junto con la Municipalidad de Victoria organizaron en esa ciudad entrerriana una primera jornada sobre gestión sustentable de estos humedales. Participaron legisladores y funcionarios de las dos orillas. El objetivo declarado era conseguir una figura jurídica que protegiera la zona. Aquella reunión fue un antecedente temprano de un debate que, con incendios, bajantes y proyectos de ley de por medio, sigue abierto.
Qué son y para qué sirven
El Delta y las islas del Paraná medio e inferior forman un humedal fluvial: tierras que se inundan y se secan siguiendo el pulso del río. Ese ritmo de crecientes y bajantes es lo que sostiene su biodiversidad y sus funciones.
Entre los servicios que prestan, los especialistas suelen señalar:
- Amortiguar crecidas, porque absorben agua en los picos y la liberan de a poco.
- Filtrar sedimentos y nutrientes, lo que mejora la calidad del agua río abajo.
- Servir de criadero y refugio para peces como el sábalo, base de la pesca artesanal y comercial.
- Albergar especies como el ciervo de los pantanos, el carpincho y una gran diversidad de aves.
- Almacenar carbono en suelos orgánicos y vegetación.
Para las comunidades isleñas y ribereñas, además, son fuente de pesca, junco, miel y ganadería de pequeña escala, actividades que conviven con el ritmo del río desde hace generaciones.
Qué los presiona
La conexión física entre Rosario y Victoria cambió la escala del problema. El puente y los terraplenes inaugurados en 2003 abrieron la zona a nuevos usos y valorizaron tierras que antes eran de difícil acceso.
Las presiones más mencionadas son tres. Primero, la ganadería a mayor escala, que desplazada por la soja en tierra firme se trasladó a las islas. Segundo, los endicamientos y terraplenes privados que cortan el escurrimiento natural para ganar tierra seca. Tercero, las quemas para renovar pasturas, que en años secos se descontrolan.
Los incendios de 2008 cubrieron de humo Rosario y llegaron hasta la ciudad de Buenos Aires. A raíz de esa crisis, la Nación y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe firmaron ese año un acuerdo que dio origen al Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, conocido como PIECAS-DP. El plan buscó ordenar usos y coordinar controles, aunque su aplicación fue despareja.
La situación se agravó con la bajante extraordinaria del Paraná que empezó en 2019 y se prolongó hasta 2022, la más severa en varias décadas. Con el río bajo y la vegetación seca, los incendios de 2020 y 2022 afectaron cientos de miles de hectáreas y volvieron a poner el tema en la agenda nacional.
Qué protección tienen hoy
Argentina adhirió en 1991, por la Ley 23.919, a la Convención de Ramsar sobre humedales de importancia internacional. En 2015 se designó el sitio Ramsar Delta del Paraná, que abarca áreas de Entre Ríos y Santa Fe. Hay también áreas protegidas nacionales en la región, como el Parque Nacional Pre-Delta, cerca de Diamante, y el Parque Nacional Islas de Santa Fe.
Sin embargo, la mayor parte de las islas no está bajo ninguna figura de protección estricta. Rigen la Ley General del Ambiente, Ley 25.675 de 2002, y las normas de cada provincia, que tienen el dominio de sus recursos naturales.
La pieza que falta es una ley nacional de presupuestos mínimos para humedales. Proyectos de ese tipo obtuvieron media sanción del Senado en 2013 y en 2016, pero perdieron estado parlamentario en Diputados. En 2020 y 2022 hubo nuevos dictámenes que tampoco llegaron a ser ley.
Los argumentos en disputa
Quienes impulsan una ley piden un inventario nacional de humedales, ordenamiento territorial y evaluación de impacto obligatoria para obras que alteren el régimen hídrico. Sostienen que sin reglas comunes cada provincia avanza a su ritmo y los efectos, como el humo o la pérdida de pesca, cruzan límites.
Sectores productivos, en especial ganaderos, arroceros y algunas entidades rurales, advierten que una definición amplia de humedal podría restringir actividades en extensiones muy grandes y generar inseguridad jurídica. Algunas provincias reclaman además que se respete su potestad sobre los recursos.
Los científicos que estudian el Delta coinciden en un punto: el humedal no es enemigo de la producción, pero sí lo es su transformación en tierra firme. La ganadería tradicional isleña, de baja carga y adaptada a las crecidas, convivió durante mucho tiempo con el ecosistema.
Cómo sigue
El tema reaparece cada vez que hay fuego. Las provincias reforzaron brigadas y algunas multas, y hubo causas judiciales por quemas intencionales. El Inventario Nacional de Humedales avanzó por regiones, con participación de organismos técnicos.
Lo que pedía aquella jornada de 2005, un estatus jurídico claro para las islas del Paraná inferior, sigue sin resolverse del todo. La discusión de fondo es la misma: cómo compatibilizar usos productivos con el funcionamiento de un río que necesita inundar para seguir vivo.