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Basurales a cielo abierto: el plazo de 2010 que fijó el COFEMA y por qué no se cumplió
En 2006 el Consejo Federal de Medio Ambiente fijó 2010 para dejar de usar basurales a cielo abierto. Años después siguen existiendo en buena parte del país.

Los basurales a cielo abierto son uno de los problemas ambientales más extendidos de la Argentina, y en 2006 el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se propuso terminar con ellos en pocos años. Esta nota explica qué se decidió entonces, qué marco legal existe, por qué los plazos no se cumplieron y cómo está el tema hoy.
Qué decidió el COFEMA en 2006
En diciembre de 2006, en su 47ª asamblea, el COFEMA, que reúne a las autoridades ambientales de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, fijó un cronograma para la gestión de los residuos sólidos urbanos. El 31 de diciembre de 2010 era la fecha límite para dejar de arrojar basura en basurales a cielo abierto; el 31 de diciembre de 2012, para clausurarlos de manera definitiva; y el 31 de diciembre de 2014, para remediar los sitios contaminados.
La resolución se apoyaba en los daños conocidos de estos vertederos: contaminación del suelo y de las napas, humo por quemas, olores y proliferación de roedores e insectos que transmiten enfermedades. También pedía asistencia técnica y financiera del gobierno nacional para que provincias y municipios pudieran cumplir.
El marco legal
El COFEMA nació en 1990 y su papel quedó reforzado por la Ley General del Ambiente, la 25.675, sancionada en 2002, que lo reconoce como ámbito de concertación de la política ambiental entre jurisdicciones.
La norma específica es la Ley 25.916 de gestión integral de residuos domiciliarios, de 2004. Establece presupuestos mínimos que todas las jurisdicciones deben respetar: la gestión debe abarcar la generación, la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final, y esta última debe hacerse en centros habilitados. La ley prohíbe, en los hechos, el vertido sin control.
En 2005 se había presentado además la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), que planteaba la regionalización: que varios municipios compartan un mismo relleno sanitario, ya que para una localidad pequeña es inviable construir y operar uno propio.
Por qué los plazos no se cumplieron
Los plazos de 2010, 2012 y 2014 pasaron y los basurales siguieron. Hay varias razones que mencionan técnicos y funcionarios.
La primera es económica. Un relleno sanitario requiere impermeabilización del suelo, captación de líquidos lixiviados y gases, cobertura diaria y control posterior durante años. Es una obra cara para municipios con presupuestos chicos.
La segunda es política y social: casi ningún vecindario quiere un relleno cerca, y la búsqueda de terrenos genera conflictos. A eso se suma que la gestión de la basura es competencia municipal, mientras que los fondos suelen estar en manos de la Nación o de organismos de crédito.
La tercera tiene que ver con la gente que vive de la basura. En muchos basurales trabajan recuperadores informales que separan cartón, plástico y metales. Cerrar un vertedero sin una alternativa laboral deja a esas familias sin ingreso. Las experiencias que funcionaron mejor incluyeron plantas de separación con cooperativas de recuperadores.
Cómo está el tema hoy
Los relevamientos oficiales de los últimos años siguen contando miles de basurales a cielo abierto en el país, desde grandes vertederos en las periferias urbanas hasta pequeños puntos de arrojo en baldíos y banquinas. Hay provincias que avanzaron con rellenos regionales y otras donde la mayor parte de la basura sigue terminando a cielo abierto.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la disposición final está concentrada en los complejos de la CEAMSE, una empresa creada en 1977 por la Provincia y la Ciudad. Esos rellenos también enfrentan límites de capacidad y reclamos de vecinos.
En paralelo, ganaron espacio las políticas de reducción y separación en origen, el compostaje de residuos orgánicos, que representan una parte grande de la bolsa domiciliaria, y los debates sobre responsabilidad extendida del productor para envases, una idea según la cual las empresas que ponen envases en el mercado deben hacerse cargo de su recuperación.
Lo que queda pendiente
La experiencia del cronograma de 2006 deja una enseñanza: fijar fechas sin financiamiento estable ni capacidad técnica en los municipios no alcanza. Los especialistas coinciden en que cerrar basurales exige, al mismo tiempo, rellenos regionales bien operados, menos basura en origen, inclusión de los recuperadores y control efectivo de las provincias. Mientras eso no ocurra, los basurales seguirán siendo un problema de salud pública además de ambiental.