Glifosato: qué es, qué dice la ciencia y por qué sigue en debate en Argentina

El glifosato es el herbicida más utilizado en la Argentina y está en el centro de una de las discusiones ambientales y sanitarias más largas del país. Su historia está ligada a la expansión de la soja transgénica y a los reclamos de vecinos de pueblos rodeados de campos fumigados.

En noviembre de 2007, al comenzar la campaña de siembra 2007-2008, una entidad ambientalista santafesina advirtió sobre los riesgos del glifosato y de otros agroquímicos en el marco de la campaña "Paren de fumigar". Aquel reclamo, que entonces sonaba marginal, se convirtió en los años siguientes en un tema de agenda judicial, legislativa y científica.

Qué es y cómo se usa

El glifosato es un herbicida de amplio espectro y no selectivo: mata casi cualquier planta que toca. Actúa bloqueando una enzima que las plantas necesitan para fabricar ciertos aminoácidos. Se absorbe por las hojas.

Su uso masivo en el país empezó en 1996, cuando se aprobó la soja resistente al glifosato desarrollada por Monsanto. Esa combinación de semilla transgénica, siembra directa y herbicida permitió controlar malezas con menos labranza y abaratar la producción. La soja pasó a ocupar la mayor parte de la superficie agrícola y el consumo de glifosato creció en la misma proporción.

Con el tiempo aparecieron malezas resistentes, como el yuyo colorado y el sorgo de Alepo, lo que llevó a aumentar dosis y a combinar el glifosato con otros productos.

Qué dicen los organismos científicos

En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como "probablemente cancerígeno para los seres humanos", en el grupo 2A. Esa categoría indica evidencia limitada en humanos y evidencia suficiente en animales de experimentación.

Otras agencias llegaron a conclusiones distintas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos consideraron improbable que represente un riesgo de cáncer con los niveles de exposición previstos. En noviembre de 2023, la Unión Europea renovó su autorización por diez años, con condiciones.

La diferencia se explica en parte por el enfoque: la agencia de la OMS evalúa si una sustancia puede causar cáncer en alguna circunstancia, mientras que las agencias regulatorias evalúan el riesgo con la exposición real. También pesa el debate sobre los formulados comerciales, que combinan el glifosato con coadyuvantes que pueden ser más tóxicos que el principio activo solo.

En Argentina, en 2009 el investigador del Conicet Andrés Carrasco difundió un estudio con embriones de anfibios que mostraba malformaciones por exposición a glifosato. El trabajo generó una fuerte polémica y fue cuestionado por el sector agroindustrial, pero impulsó nuevas investigaciones.

Los pueblos fumigados

El reclamo social más fuerte nació en localidades rurales de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, donde los cultivos llegan hasta las últimas casas. Vecinos, médicos rurales y docentes de escuelas rodeadas de campos denunciaron problemas respiratorios, dermatológicos y otros cuadros que asociaron a las pulverizaciones.

El caso del barrio Ituzaingó Anexo, en Córdoba, llegó a juicio y en 2012 terminó con una condena por contaminación por fumigaciones, considerada un antecedente judicial clave. Otros fallos, como el de San Jorge en Santa Fe, establecieron distancias mínimas de aplicación respecto de zonas urbanas.

Hoy muchas provincias y municipios tienen ordenanzas que fijan zonas de exclusión o de amortiguamiento, con distancias muy variables según el lugar. No existe una ley nacional de presupuestos mínimos que regule la aplicación de agroquímicos. Sí rige la Ley 27.279, de 2016, sobre gestión de envases vacíos de fitosanitarios.

Los argumentos de las partes

El sector productivo sostiene que, aplicado según las buenas prácticas agrícolas, el glifosato es una herramienta segura, de baja toxicidad aguda y clave para la siembra directa, que a su vez reduce la erosión. Los fabricantes y el Senasa, que registra los productos, remarcan que está autorizado en la mayoría de los países.

Organizaciones ambientalistas, médicos de pueblos fumigados y parte de la comunidad científica responden que el problema no es solo la molécula sino la escala: millones de litros por año, aplicaciones repetidas, deriva hacia casas y escuelas y residuos en suelos y cursos de agua, donde distintos estudios detectaron glifosato y su derivado AMPA.

Cómo sigue el tema

En Estados Unidos, Bayer, que compró Monsanto en 2018, enfrentó miles de demandas de personas que atribuyeron su linfoma al herbicida, con algunos fallos millonarios en contra y otros a favor de la empresa.

En la Argentina el debate se desplazó hacia las buenas prácticas, las distancias de aplicación y el crecimiento de la agroecología, que en varios municipios se promueve en los cinturones periurbanos. La pregunta de fondo es la misma que en 2007: cómo producir sin poner en riesgo a quienes viven al lado del campo.