¿Cuidar el ambiente es buen negocio? Eficiencia, costos y límites del argumento
Ahorrar energía en oficinas y fábricas baja costos y emisiones. Pero la idea de que lo verde siempre conviene tiene matices, y el riesgo del lavado de imagen.
La idea de que cuidar el ambiente puede ser un buen negocio para las empresas se volvió popular a mediados de los años 2000, cuando las oficinas empezaron a medir cuánta energía gastaban sus computadoras. Esta nota explica de dónde viene ese argumento, qué tiene de cierto, dónde encuentra sus límites y cómo se discute hoy.
Del ahorro de energía a la "oficina verde"
En 2007 circulaban en medios de negocios guías para tener una "oficina verde": apagar las computadoras al final del día, activar los modos de suspensión, reemplazar equipos viejos por otros más eficientes y comprar productos con certificaciones ambientales. El argumento era doble: se reducían las emisiones de dióxido de carbono y, a la vez, bajaba la factura de electricidad.
Dos herramientas de Estados Unidos marcaron ese momento. Energy Star, un programa creado en 1992 por la Agencia de Protección Ambiental de ese país, identifica equipos que cumplen requisitos de eficiencia energética. EPEAT, un registro lanzado en 2006, evalúa computadoras y monitores según criterios más amplios, como materiales, reciclabilidad y duración.
Esas ideas siguen vigentes. Hoy la discusión incluye además el consumo de los centros de datos, que crece por el uso de la nube y de la inteligencia artificial, y la vida útil de los dispositivos: fabricar una computadora nueva genera buena parte de su huella ambiental total, por lo que extender su uso suele ser más beneficioso que reemplazarla.
La hipótesis de Porter
En el plano académico, el argumento tiene un antecedente conocido. En 1995, los economistas Michael Porter y Claas van der Linde publicaron un artículo en el que sostenían que regulaciones ambientales bien diseñadas pueden estimular la innovación y mejorar la competitividad de las empresas, porque las obligan a usar mejor los recursos y a reducir desperdicios.
Esa idea, conocida como "hipótesis de Porter", generó mucha investigación. Los estudios empíricos encontraron resultados mixtos: hay casos en que la regulación impulsó mejoras de productividad y otros en que solo agregó costos. La conclusión más aceptada es que el efecto depende del tipo de norma, del sector y de cómo se aplica.
Dónde conviene y dónde no
Las medidas de eficiencia suelen ser las más rentables: aislar edificios, cambiar iluminación por LED, recuperar calor en procesos industriales, reducir pérdidas de agua o materias primas. Muchas se pagan solas en pocos años.
Otras medidas no son rentables para la empresa aunque sí lo sean para la sociedad. Tratar efluentes, controlar emisiones o remediar un suelo contaminado cuesta dinero y no siempre se recupera en el mercado. Ahí aparece lo que los economistas llaman externalidades: costos que la empresa traslada a terceros, como vecinos que respiran aire contaminado o pescadores que pierden un río. Si no hay normas que obliguen a internalizar esos costos, el "buen negocio" puede ser contaminar.
Por eso la economía ecológica es más cauta que el discurso empresarial: reconoce las oportunidades de la eficiencia, pero advierte que no alcanzan para resolver problemas como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. También señala el llamado efecto rebote: cuando algo se vuelve más eficiente y barato, a veces se consume más.
Normas, certificaciones y lavado de imagen
Con los años se multiplicaron las herramientas para que las empresas muestren su desempeño ambiental: la norma ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental, publicada en 1996; los reportes de sostenibilidad; las mediciones de huella de carbono y los compromisos de "cero emisiones netas".
El riesgo es el greenwashing o lavado verde: comunicar beneficios ambientales exagerados o engañosos. La Unión Europea avanzó en los últimos años con normas para exigir que las afirmaciones ambientales en productos y publicidades estén respaldadas con pruebas, y organismos de defensa del consumidor de varios países sancionaron campañas engañosas.
En la Argentina, la Ley 27.191, de 2015, fijó metas de participación de energías renovables en el consumo eléctrico y permitió que grandes usuarios, como industrias, compren energía renovable directamente a generadores privados. Muchas empresas lo hicieron por costo y por imagen.
Cómo sigue el tema
La pregunta de 2007 hoy tiene una respuesta más matizada. Sí, muchas medidas ambientales convienen económicamente, y las que no convienen por sí solas pueden volverse rentables con regulación, precios de la energía o exigencias de compradores internacionales, que cada vez piden datos de emisiones a sus proveedores.
Pero el argumento del "buen negocio" no reemplaza a la regulación ni al control público. Las empresas responden a incentivos, y el ambiente necesita reglas claras para que cuidar no sea solo una opción de marketing.