El terraplén de Iberpapel en Colón: un caso testigo sobre obras en humedales del río Uruguay

Este artículo explica el caso del terraplén construido por la empresa forestal Iberpapel Argentina en el departamento Colón, Entre Ríos, cuya demolición ordenó el gobierno provincial en 2010 y ratificó en 2011. Es un episodio local, pero sirve para entender un problema extendido en el Litoral: las obras que cambian el régimen del agua en humedales sin una evaluación ambiental previa.

Qué pasó

Iberpapel Argentina, filial de un grupo papelero español, es propietaria de tierras al norte y al este de la localidad de Liebig, donde planta eucaliptos destinados a la industria de la celulosa. En esa zona la empresa levantó un terraplén de unos ocho kilómetros al sur del arroyo Caraballo, en un humedal conocido como 2 de Agosto, cerca de la costa del río Uruguay. La obra incluyó también tareas de desmonte.

En septiembre de 2010 la Secretaría de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, mediante la Resolución 187, negó el certificado de aptitud ambiental, ordenó demoler el terraplén y exigió remediar el lugar a las condiciones previas a la obra, con los costos a cargo de la empresa. Iberpapel apeló.

En abril de 2011 el gobernador Sergio Urribarri rechazó la apelación por el Decreto 903, que ratificó la validez de la resolución. El gobierno provincial aclaró en ese momento que la decisión no implicaba oponerse a la actividad forestal, sino exigir que se cumplieran los pasos previstos por la ley.

Los argumentos del Estado provincial

El eje del caso fue procedimental. Según la resolución y el decreto, la empresa pidió el permiso ante el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) después de construir, cuando la Ley provincial 9.172 de uso del agua exige hacerlo antes. Tampoco presentó un estudio de impacto ambiental que permitiera evaluar los efectos de la obra.

Ese estudio no era una formalidad. Un terraplén en un humedal ribereño puede alterar el escurrimiento de las crecidas, desviar agua hacia campos vecinos, aislar lagunas y cortar la conexión entre el arroyo y el río. Como la zona drena hacia el río Uruguay, un curso compartido con Uruguay, el gobierno entrerriano señaló que debían considerarse el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y las normas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre uso de la cuenca, para determinar si la obra podía afectar la navegación, el régimen o la calidad de las aguas.

La Ley General del Ambiente, 25.675, también exige evaluación de impacto ambiental previa para toda obra susceptible de degradar el ambiente de manera significativa.

Por qué se construyen terraplenes

Los terraplenes y endicamientos son una práctica antigua en las zonas bajas del Litoral. Sirven para proteger plantaciones, ganado o caminos de las inundaciones y para ganar tierra productiva en sitios que el agua cubre de manera periódica. Para los productores, son una forma de reducir pérdidas en años de crecida.

El problema es que el humedal cumple funciones que se pierden cuando se lo seca o se lo encierra. Amortigua crecidas, almacena agua, filtra sedimentos y nutrientes y sostiene fauna y pesca. Si cada propietario endica su parcela sin un plan de conjunto, el agua busca salida por otro lado y el riesgo se traslada a vecinos y a pueblos aguas abajo.

En el Delta del Paraná ese proceso fue muy estudiado. Los endicamientos para ganadería, forestación y emprendimientos inmobiliarios fueron señalados por investigadores como un factor que modifica el comportamiento hidrológico de las islas y que también se vincula con las quemas.

Humedales sin ley nacional

La Argentina adhirió a la Convención de Ramsar sobre humedales mediante la Ley 23.919, de 1991, y tiene varios sitios Ramsar, entre ellos el Delta del Paraná y los Esteros del Iberá. Pero no tiene una ley nacional de presupuestos mínimos para humedales. Los proyectos presentados en el Congreso perdieron estado parlamentario más de una vez, en medio de la oposición de sectores productivos que temían restricciones y del reclamo de organizaciones ambientales que pedían un inventario y reglas comunes.

Mientras tanto, la protección depende de leyes provinciales de agua y de ambiente, como las que se aplicaron en este caso, y de la capacidad de los organismos de control para actuar a tiempo.

Qué deja el caso

El expediente de Iberpapel muestra un patrón que se repite: la obra se hace primero y el permiso se pide después. Cuando el Estado llega, el terraplén ya está construido y la discusión pasa a ser si demoler, quién paga y cómo se restaura lo que había.

La decisión entrerriana de 2011 fue presentada como un precedente de que la regla vale también para empresas grandes. Para las organizaciones del Litoral, el punto es que esa regla no dependa de casos aislados, sino de un ordenamiento de los humedales que diga dónde se puede intervenir y con qué condiciones. Esa discusión, más de una década después, sigue abierta.