Acuífero Guaraní: qué es, a quién pertenece y por qué despierta disputas

El Acuífero Guaraní es un enorme sistema de agua subterránea que se extiende bajo territorio de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y desde comienzos de la década de 2000 es objeto de debates sobre quién debe controlarlo, cómo protegerlo y qué intereses hay detrás de su estudio.

Se lo suele presentar como una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. La afirmación tiene fundamento, pero también simplificaciones que conviene aclarar para entender las disputas.

Qué es el Acuífero Guaraní

Un acuífero no es un lago subterráneo. Es una formación geológica, en este caso areniscas porosas, cuyos espacios entre granos están saturados de agua. En el Guaraní, esas areniscas se formaron hace más de cien millones de años y quedaron en buena parte cubiertas por coladas de basalto.

El sistema abarca alrededor de 1,1 millones de kilómetros cuadrados según las estimaciones más difundidas. La mayor parte se encuentra en Brasil, que concentra cerca de dos tercios de la superficie. En la Argentina se ubica bajo sectores de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa.

En algunas zonas el agua está cerca de la superficie y se recarga con la lluvia, en especial donde las areniscas afloran. En otras está confinada a gran profundidad, a veces a más de mil metros, y sale caliente. Eso explica el desarrollo de las termas en Entre Ríos y en el litoral uruguayo.

Por qué despertó temores

A comienzos de la década de 2000, los cuatro países pusieron en marcha el Proyecto para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, financiado en buena parte por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con el Banco Mundial como agencia de implementación y la Organización de los Estados Americanos como ejecutora.

El proyecto, que funcionó aproximadamente entre 2003 y 2009, buscaba conocer mejor el acuífero y proponer un marco común de gestión. Incluyó estudios hidrogeológicos licitados internacionalmente, mapas y proyectos piloto.

Ese esquema generó desconfianza en organizaciones sociales y ambientalistas de la región. Sostenían que la participación de organismos multilaterales y empresas extranjeras en la generación de información estratégica podía abrir el camino a la privatización o el control externo del agua. En el contexto de esos años, con conflictos por la privatización de servicios de agua en varios países de la región, ese temor tuvo mucho eco.

Los gobiernos y los responsables del proyecto respondieron que la información quedaba en manos de los cuatro Estados, que el objetivo era la protección y que no había transferencia de derechos sobre el recurso.

Qué dice la evidencia

Los estudios del proyecto mostraron que el acuífero no es una reserva uniforme e ilimitada. Gran parte del volumen almacenado está en zonas profundas, de acceso costoso, y en algunos sectores el agua tiene alta salinidad.

Las áreas de recarga, donde el agua de lluvia ingresa al sistema, son las más vulnerables a la contaminación por agroquímicos, efluentes urbanos y residuos industriales. Los riesgos son, por lo tanto, más locales que regionales: el uso intensivo en ciudades como Ribeirão Preto, en Brasil, produjo descensos importantes del nivel del agua.

El acuerdo entre los cuatro países

El 2 de agosto de 2010, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron en San Juan el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní. El texto reafirma que cada país ejerce el dominio soberano sobre la porción del acuífero ubicada en su territorio, y establece obligaciones de cooperación, intercambio de información y prevención de daños a los otros Estados.

La Argentina lo aprobó por la Ley 26.780, en 2012. El acuerdo entró en vigor en 2020, después de la ratificación de Paraguay, que era la última pendiente.

En el plano internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas había tomado nota en 2008 de un proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos, que sirvió de referencia para el texto del Guaraní.

Cómo sigue el tema hoy

Con el acuerdo vigente, el desafío es ponerlo en funcionamiento: crear la comisión prevista, compartir datos y coordinar políticas de uso y protección. Organizaciones académicas y sociales reclaman además más participación y monitoreo público.

El debate sobre el Guaraní dejó una lección: el agua subterránea compartida necesita información de calidad y reglas comunes, y la confianza pública depende de que esa información sea transparente y quede bajo control de los Estados y las comunidades de la región.