Botnia frente a Gualeguaychú: cómo empezó el conflicto por las papeleras del río Uruguay
En 2004 Uruguay avanzó con la planta de Botnia frente a Gualeguaychú. Siguieron el corte del puente, el juicio en La Haya, el fallo de 2010 y el monitoreo binacional.
Este artículo explica el origen del conflicto por las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, que enfrentó a la Argentina y Uruguay durante buena parte de la década de 2000. En octubre de 2004 el gobierno uruguayo firmó con la empresa finlandesa Botnia el acuerdo para instalar una planta de pasta de celulosa en Fray Bentos, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Fue el comienzo de una disputa que llegó a la Corte Internacional de Justicia.
Dos proyectos sobre el mismo río
En 2004 había en realidad dos proyectos en la misma zona. La empresa española ENCE ya tenía autorización ambiental uruguaya, otorgada en 2003, para una planta en M'Bopicuá, cerca de Fray Bentos. Botnia proyectaba otra, mucho más grande, a pocos kilómetros, sobre la costa del río Uruguay. El gobierno de Jorge Batlle promovió ambas inversiones, con régimen de zona franca, como parte de una estrategia de desarrollo forestal que Uruguay venía impulsando desde fines de la década de 1980.
La autorización ambiental para Botnia la otorgó el gobierno uruguayo en febrero de 2005, días antes del cambio de gobierno. La administración de Tabaré Vázquez, que asumió en marzo de ese año, sostuvo el proyecto.
ENCE terminó abandonando el plan de M'Bopicuá en 2006. Su proyecto se trasladó a otra ubicación y, tras la venta de la empresa a un consorcio entre Stora Enso y Arauco, dio origen a la planta de Montes del Plata, en Punta Pereira, departamento de Colonia, que empezó a producir en 2014.
El reclamo argentino
El río Uruguay es compartido y su uso está regido por el Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975, que creó la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El Estatuto obliga a cada país a informar al otro, a través de esa comisión, sobre cualquier obra que pueda afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas.
La Argentina sostuvo que Uruguay no había cumplido ese procedimiento y que las plantas podían contaminar el río y perjudicar el turismo y la producción de la costa entrerriana. En Gualeguaychú se formó la Asamblea Ciudadana Ambiental, que desde 2006 sostuvo durante años el corte del puente internacional General San Martín, que une esa ciudad con Fray Bentos.
En mayo de 2006 la Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. La planta de Botnia empezó a funcionar en noviembre de 2007, en medio del conflicto.
El fallo de La Haya
El 20 de abril de 2010 la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia. Concluyó que Uruguay había violado las obligaciones de procedimiento del Estatuto, porque no informó a la CARU ni a la Argentina antes de autorizar las plantas. Pero también concluyó que la Argentina no había probado que la planta violara las obligaciones de fondo, es decir, que contaminara el río de manera contraria al Estatuto. Por eso rechazó el pedido de desmantelarla.
El fallo subrayó además que los Estados tienen la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental cuando una actividad industrial puede tener un impacto transfronterizo significativo, un criterio que se convirtió en referencia del derecho ambiental internacional.
Después de la sentencia, la Asamblea levantó el corte del puente en junio de 2010, y en julio de ese año los presidentes de ambos países acordaron un monitoreo conjunto del río y de la planta en el ámbito de la CARU.
Los argumentos de cada lado
Para Uruguay y la empresa, la planta usa tecnología de blanqueo libre de cloro elemental, cumple con estándares internacionales y generó inversión, empleo y exportaciones. Los informes de monitoreo de organismos uruguayos y de la Corporación Financiera Internacional, del grupo Banco Mundial, que financió parte del proyecto, no registraron una alteración significativa de la calidad del agua atribuible a la planta.
Para los vecinos de Gualeguaychú y organizaciones ambientales, la planta implica riesgos permanentes de emisiones y efluentes en un río que ya recibe aportes agrícolas y urbanos, y su presencia afectó el paisaje y la imagen turística de la zona. También cuestionan el modelo de monocultivo forestal que abastece a la industria.
Cómo sigue el tema
La planta cambió de dueño en 2009, cuando Botnia vendió sus activos a la también finlandesa UPM, que la opera con el nombre de UPM Fray Bentos. La industria de la celulosa siguió creciendo en Uruguay: UPM inauguró una segunda planta en Paso de los Toros, sobre el río Negro, que comenzó a producir en 2023.
El conflicto diplomático se apagó, pero dejó un antecedente central para la región: un río compartido exige información previa, evaluación de impacto y control conjunto. En la costa entrerriana, la vigilancia ciudadana sobre la calidad del agua sigue activa.