Los ambientalistas y los problemas ambientales: del mito antiprogreso a la agenda urbana
La imagen del ambientalista enemigo del progreso choca con los problemas que las ciudades argentinas acumulan: agua, basura, aire y ríos como el Riachuelo.
Este artículo repasa una discusión que en la Argentina lleva décadas: si quienes defienden el ambiente frenan el desarrollo o, al contrario, señalan costos que el crecimiento desordenado deja sin pagar. Detrás de esa pregunta hay problemas concretos, la mayoría de ellos urbanos, que afectan la salud y la calidad de vida de millones de personas.
Una imagen que se repite
En el debate público es común que el ambientalismo aparezca asociado a la negativa: el "no" a una represa, a una mina, a una planta industrial o a una fumigación. Desde esa mirada, los ambientalistas serían soñadores contrarios a la tecnología e indiferentes a la necesidad de empleo.
La caricatura tiene algo de cierto en la superficie, porque muchos conflictos ambientales se hacen visibles cuando una comunidad se opone a un proyecto. Pero deja afuera lo principal: la mayor parte del trabajo ambiental consiste en medir, controlar, proponer normas y discutir cómo se reparten los beneficios y los daños de una actividad. Pedir un estudio de impacto serio o una audiencia pública no equivale a rechazar la tecnología.
También hay que distinguir actores. Bajo la palabra "ambientalista" conviven organizaciones técnicas, asambleas de vecinos, científicos, comunidades indígenas y campesinas, y profesionales que trabajan dentro del Estado o de las empresas. Sus posiciones no siempre coinciden.
La ciudad como problema ambiental
Durante el siglo XX la Argentina pasó de ser un país con fuerte peso rural a uno con más del 90 % de su población viviendo en ciudades. Ese proceso concentró demandas de agua, energía, suelo y alimentos en pocos puntos del territorio, y también concentró los desechos.
Los problemas más extendidos tienen nombre conocido:
- Ríos y arroyos urbanos usados durante décadas como desagüe cloacal e industrial.
- Basurales a cielo abierto en la periferia de muchas ciudades medianas y chicas.
- Contaminación del aire por tránsito e industria en los grandes aglomerados.
- Barrios levantados en zonas inundables, sin cloacas ni agua segura.
- Pérdida de humedales y suelo fértil periurbano por la expansión de loteos.
El caso más estudiado es la cuenca Matanza-Riachuelo. En 2006 la Ley 26.168 creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y en 2008 la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en la causa "Mendoza", iniciada por vecinos, que obligó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear la cuenca. El fallo fijó objetivos de calidad de vida, control industrial y limpieza de márgenes, y su ejecución sigue bajo supervisión judicial.
Qué dicen las normas
La reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 41, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, y establece que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer. Ese mismo artículo habilitó las leyes de presupuestos mínimos que la Nación dicta y las provincias complementan.
La Ley General del Ambiente, 25.675 de 2002, ordenó esa estructura: fijó principios como el preventivo, el precautorio y el de equidad intergeneracional, y estableció la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana como herramientas obligatorias. Después vinieron leyes específicas sobre residuos domiciliarios, bosques nativos, glaciares y acceso a la información pública ambiental.
En 2020, con la Ley 27.566, la Argentina aprobó el Acuerdo de Escazú, el tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, que entró en vigor en 2021. Incluye además obligaciones de protección para las personas defensoras del ambiente.
Argumentos en tensión
Del lado empresario y de buena parte de los gobiernos provinciales, el planteo habitual es que los controles excesivos o imprevisibles espantan inversiones, demoran obras y terminan perjudicando a quienes necesitan trabajo. Señalan que muchas mejoras ambientales, como plantas de tratamiento o energías renovables, dependen justamente de que haya actividad económica que las financie.
Las organizaciones ambientales responden que el costo de no controlar también es económico: tratamientos de salud, inundaciones, remediación de suelos y ríos que se pagan con fondos públicos décadas después. El Riachuelo es el ejemplo de manual.
La ciencia aporta datos para ordenar esa discusión: monitoreos de agua y aire, estudios epidemiológicos, inventarios de emisiones. Cuando esos datos son públicos y confiables, el conflicto suele volverse más manejable, porque las partes discuten sobre la misma información.
Cómo sigue el tema
La agenda urbana ganó peso en los últimos años por el cambio climático: olas de calor más frecuentes, lluvias intensas sobre ciudades impermeabilizadas y sequías que tensionan el abastecimiento de agua. Muchos municipios elaboran planes de adaptación, arbolado y gestión de residuos que hace veinte años no figuraban en su agenda.
La imagen del ambientalista como enemigo del progreso no desapareció, pero convive con otra: la de vecinos y técnicos que exigen que las obras se hagan con información, control y reparación del daño. La pregunta de fondo ya no es si crecer o no, sino quién paga los costos del crecimiento y quién decide.