Fumigaciones con glifosato en Ecuador y Argentina: qué se denunció y qué pasó después
Ecuador llevó a Colombia a La Haya por las fumigaciones aéreas de glifosato y en Argentina los pueblos fumigados abrieron causas judiciales y debates sobre distancias.
Este artículo explica dos conflictos que en 2008 se leían en paralelo: las fumigaciones aéreas con glifosato en la frontera entre Colombia y Ecuador, y las aplicaciones de agroquímicos sobre pueblos rurales en la Argentina. Son casos distintos, con objetivos distintos, pero comparten una pregunta central: qué ocurre con la salud de quienes viven cerca de donde se rocía.
La frontera entre Colombia y Ecuador
Desde fines de la década de 1990, en el marco del Plan Colombia, el gobierno colombiano fumigó desde aviones cultivos de coca con una mezcla a base de glifosato. Parte de esas aplicaciones se hicieron en departamentos limítrofes con Ecuador, como Putumayo y Nariño.
Del lado ecuatoriano, comunidades de la provincia de Sucumbíos denunciaron problemas respiratorios, digestivos y de piel, además de pérdidas de cultivos y animales, que atribuían a la deriva de los productos. Organizaciones sociales y equipos de salud realizaron relevamientos en escuelas y caseríos de la frontera.
En 2008 Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones aéreas. El caso no llegó a sentencia: en 2013 ambos países firmaron un acuerdo que fijó una franja sin fumigación aérea cerca del límite y un mecanismo conjunto de seguimiento, y Ecuador retiró la demanda.
En 2015 Colombia suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato, después de que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, clasificara ese herbicida como "probablemente carcinógeno para los humanos" (grupo 2A).
Los pueblos fumigados en la Argentina
En la Argentina el contexto es otro. El glifosato se usa como herbicida en la agricultura extensiva, sobre todo desde la aprobación de la soja transgénica resistente a ese producto en 1996. Su adopción vino de la mano de la siembra directa y permitió expandir la frontera agrícola en la región pampeana y en el norte del país.
Con esa expansión crecieron las denuncias de vecinos de localidades rodeadas de cultivos, que reclamaban por aplicaciones terrestres y aéreas cerca de casas, escuelas y fuentes de agua. Médicos de pueblos rurales empezaron a reunirse para compartir observaciones sobre enfermedades respiratorias, abortos espontáneos y malformaciones en sus comunidades.
El caso más conocido es el del barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba. Un grupo de madres organizó relevamientos de enfermedades en el barrio, lindero a campos de soja. En 2012 un tribunal de Córdoba condenó a un productor y a un aeroaplicador por contaminación ambiental, en lo que se considera el primer juicio penal del país por fumigaciones.
En 2009 el investigador del CONICET Andrés Carrasco difundió un estudio sobre los efectos del glifosato en embriones de anfibios, que tuvo fuerte repercusión pública y también críticas metodológicas del sector agropecuario y de otros científicos.
Qué dice la evidencia
La discusión científica no está cerrada. La clasificación de la IARC de 2015 evaluó el peligro, es decir, si la sustancia puede causar cáncer en alguna condición. Otras agencias, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la agencia ambiental de Estados Unidos, evaluaron el riesgo en las condiciones de uso previstas y concluyeron que no era probable que fuera carcinógeno. En 2023 la Unión Europea renovó la autorización del glifosato por diez años, con condiciones.
Lo que varios estudios sí señalan es que la exposición depende mucho de cómo se aplica: el viento, la distancia, el estado de los equipos y el respeto de las indicaciones de la etiqueta. También se discute el efecto de los formulados comerciales y de las mezclas, no solo del principio activo.
Las entidades del agro sostienen que los productos aprobados por el SENASA son seguros si se usan con buenas prácticas, y que prohibirlos afectaría la producción y las exportaciones. Organizaciones ambientales y de salud responden que en la práctica esas condiciones no siempre se cumplen y que la carga de la prueba no debería recaer en los vecinos.
Cómo sigue el tema
La Argentina no tiene una ley nacional que fije distancias mínimas de aplicación. Las reglas las ponen provincias y municipios, con criterios muy distintos: algunos distritos establecieron zonas de exclusión de cientos de metros alrededor de los cascos urbanos, y otros, franjas más cortas o con aplicaciones controladas. Varias de esas ordenanzas terminaron en la Justicia.
En 2016 se sancionó la Ley 27.279 sobre gestión de envases vacíos de fitosanitarios, uno de los pocos avances a nivel nacional. Al mismo tiempo crecieron las experiencias de agroecología en cinturones periurbanos, presentadas como alternativa para las zonas cercanas a las viviendas.
Ecuador y Colombia cerraron su conflicto con un acuerdo. En la Argentina, en cambio, el debate sigue repartido en cientos de ordenanzas, fallos y reclamos locales.