El conflicto del campo de 2008 y la voz de los campesinos indígenas que quedó afuera
En 2008 la Resolución 125 enfrentó al gobierno con las entidades del agro. El movimiento campesino indígena planteó otra agenda: tierra, desmontes y desalojos.
Este artículo explica el conflicto agropecuario de 2008 en la Argentina desde un ángulo menos difundido: el de las organizaciones campesinas e indígenas que no se sentían representadas ni por el gobierno ni por las entidades rurales que encabezaron la protesta. Su planteo puso en discusión qué se entiende por "el campo".
Qué fue el conflicto de 2008
El 11 de marzo de 2008 el Ministerio de Economía dictó la Resolución 125, que estableció un sistema de derechos de exportación móviles para la soja, el girasol, el trigo y el maíz. Las alícuotas pasaban a variar según la cotización internacional de cada grano, con aumentos importantes en el caso de la soja.
Las cuatro entidades agropecuarias tradicionales, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y Coninagro, conformaron la llamada Mesa de Enlace y lanzaron un paro de comercialización con cortes de rutas que se extendió durante meses. El conflicto dividió a la sociedad y ocupó el centro de la política nacional.
El gobierno envió luego la medida al Congreso. Diputados la aprobó, y el 17 de julio de 2008, en el Senado, la votación terminó empatada. El vicepresidente Julio Cobos, a cargo de desempatar, votó en contra. Días después el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la resolución.
La otra mirada desde el campo
En medio de la confrontación, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que reúne a organizaciones de familias campesinas y comunidades originarias de varias provincias, difundió un documento crítico de la protesta. Integrante de la coordinadora latinoamericana de La Vía Campesina, el movimiento sostenía que las entidades rurales defendían sobre todo los intereses del agronegocio sojero.
Su planteo no era a favor de la resolución ni del gobierno, sino otro: que el debate sobre cuánto se llevaba el Estado de la renta de la soja dejaba afuera los problemas de quienes vivían en los territorios donde avanzaba ese cultivo. Entre ellos, el desmonte de bosques nativos, los desalojos de familias sin títulos de propiedad, las fumigaciones y la pérdida de tierras para la producción de alimentos.
En provincias como Santiago del Estero, Córdoba, Salta y Chaco, organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) venían denunciando desde hacía años conflictos por la tierra con empresarios que llegaban con títulos y topadoras. Muchas familias tenían la posesión veinteañal, es decir, habían vivido y trabajado la tierra por décadas, pero no la escritura.
El marco legal de la tierra campesina e indígena
Dos leyes sancionadas en esos años se relacionan directamente con esos reclamos.
En 2006 la Ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas, suspendió los desalojos y ordenó un relevamiento territorial a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La emergencia se prorrogó varias veces porque el relevamiento avanzó con lentitud.
En 2007 la Ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, obligó a las provincias a ordenar sus bosques en categorías de conservación y frenó, al menos en los papeles, los desmontes sin planificación. La ley incluyó entre sus criterios el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que usan el monte.
Más tarde, la Ley 27.118, de 2014, declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena y previó un régimen de reparación histórica para el sector. Las organizaciones campesinas señalan que buena parte de sus herramientas nunca recibió el financiamiento previsto.
Distintos "campos"
El conflicto de 2008 mostró que bajo la palabra "campo" conviven realidades muy distintas. Están los grandes productores y empresas agroexportadoras; los productores medianos y chicos de la región pampeana, representados en buena medida por la Federación Agraria, que también se sumó a la protesta; los contratistas y los pools de siembra; y las familias campesinas e indígenas del norte y el oeste, que producen para el autoconsumo y los mercados locales.
Para las entidades de la Mesa de Enlace, la Resolución 125 castigaba a todos los productores por igual y ponía en riesgo la rentabilidad de los más chicos. Para el gobierno, era una herramienta para desacoplar el mercado interno de los valores internacionales y redistribuir parte de una renta extraordinaria. Para el movimiento campesino indígena, ninguna de las dos posiciones atendía el problema de la tierra.
Cómo sigue el tema
Los derechos de exportación siguieron siendo un tema de disputa permanente entre los gobiernos y el sector agropecuario, con subas y bajas según cada gestión.
Los conflictos por la tierra campesina e indígena, en tanto, no desaparecieron. El relevamiento de la Ley 26.160 quedó incompleto en muchas provincias y los desmontes, aunque se redujeron respecto de los años previos a la Ley de Bosques, continúan en el Gran Chaco, una de las regiones con mayor pérdida de bosques de Sudamérica. La agenda que en 2008 quedó en segundo plano sigue vigente en el norte argentino.