Tartagal, el desmonte y el pueblo wichí: lo que dejó el alud de 2009
El alud de Tartagal de febrero de 2009 puso en el centro el desmonte para soja en el norte salteño y sus efectos sobre el pueblo wichí y otras comunidades del Chaco.
En febrero de 2009, un alud de agua, barro y troncos arrasó parte de la ciudad salteña de Tartagal y abrió un debate nacional sobre el desmonte en el norte argentino, el avance de la soja sobre el bosque chaqueño y la situación de las comunidades wichí que viven de ese monte.
La tragedia no se explica por una sola causa. Hubo lluvias intensas, una cuenca de montaña con pendientes fuertes y una ciudad que creció pegada al río. Pero el episodio se convirtió en símbolo porque coincidió con años de deforestación acelerada en la región y con un conflicto judicial que ya estaba en la Corte Suprema.
Qué pasó en Tartagal
El 9 de febrero de 2009, el río Tartagal desbordó tras fuertes lluvias en las serranías que rodean la ciudad, en el departamento General San Martín. La crecida arrastró sedimentos y una enorme cantidad de troncos, cubrió calles enteras de barro, se llevó viviendas y dejó víctimas fatales y cientos de evacuados.
Los troncos que bajaron con el agua fueron la imagen más difundida. Para muchos vecinos y organizaciones, eran la prueba de la tala en la cuenca alta. Otros especialistas señalaron que en las Yungas y en el pedemonte los árboles caen también de forma natural en las crecidas, y que la magnitud de la lluvia por sí sola explicaba buena parte del desastre.
Ese debate científico sigue siendo válido: la relación entre pérdida de bosque, erosión y crecidas está bien documentada, pero el peso de cada factor en un evento puntual es difícil de medir.
El avance de la frontera agrícola
Entre fines de los noventa y fines de la década de 2000, Salta fue una de las provincias que más bosque nativo perdió en el país. El motor principal fue la expansión de la agricultura, sobre todo de la soja, y de la ganadería sobre el Chaco semiárido y el pedemonte de las Yungas.
El cultivo de soja se extendió hacia el norte por el alza de los precios internacionales y por paquetes tecnológicos que permitieron sembrar en zonas antes consideradas marginales. Para los productores, el desmonte significaba tierras más baratas y nuevas oportunidades. Para las comunidades que habitaban esos montes, implicaba perder el territorio del que obtienen alimento, agua, leña, miel y medicinas.
El pueblo wichí, uno de los pueblos originarios más numerosos del Gran Chaco, vive en buena parte en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán. Su forma de vida depende del monte y de los ríos, en especial del Pilcomayo y del Bermejo.
La causa en la Corte Suprema
En 2008, un grupo de habitantes y comunidades de la zona presentó una demanda contra la provincia de Salta y la Nación, conocida como causa Salas. En diciembre de ese año, la Corte Suprema ordenó suspender las autorizaciones de desmonte y tala en cuatro departamentos: San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
Después del alud, el tribunal mantuvo la medida y pidió un estudio del impacto acumulativo de los desmontes en la región. Fue una de las primeras veces que la Corte intervino de manera directa en un conflicto de deforestación.
En paralelo, el Congreso había sancionado en noviembre de 2007 la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques. Su reglamentación se publicó en febrero de 2009, pocos días después de la tragedia. Salta aprobó a fines de 2008 su ordenamiento territorial de bosques nativos por la Ley provincial 7.543.
Las distintas miradas
El conflicto tiene varias capas. Los productores agropecuarios sostienen que el norte necesita inversión y empleo, que la agricultura es la principal fuente de ingresos de la provincia y que trabajan sobre tierras habilitadas por el propio Estado.
Las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios responden que muchas de esas habilitaciones se otorgaron sin consulta previa, que hubo recategorizaciones de bosques protegidos y que la pérdida de monte agrava la pobreza y la falta de agua en las comunidades.
La ciencia aporta datos sobre la escala del problema: el Gran Chaco americano figura entre los frentes de deforestación más activos del mundo, según estudios basados en imágenes satelitales.
Cómo sigue el tema hoy
En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina en el caso de la asociación Lhaka Honhat, que agrupa a comunidades wichí y de otros pueblos del departamento Rivadavia. Ordenó garantizar la propiedad comunitaria de su territorio y adoptar medidas sobre el agua, la alimentación y el ambiente. Fue la primera vez que ese tribunal se pronunció sobre el derecho a un ambiente sano de manera autónoma.
Ese mismo año, Salta declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia tras la muerte de niños de comunidades originarias por causas vinculadas a la desnutrición y la falta de agua segura.
El desmonte en el norte siguió, aunque a un ritmo menor que en los años previos a la Ley de Bosques. Tartagal quedó como recordatorio de que el bosque no es solo un recurso a explotar, sino una infraestructura natural que regula el agua y sostiene la vida de quienes habitan el territorio.