Ley de Glaciares: del veto de 2008 a la Ley 26.639 y las discusiones que siguen
La primera ley de glaciares, la 26.418, fue vetada en 2008; organizaciones pidieron insistir con el texto y en 2010 se sancionó la Ley 26.639, aún vigente y discutida.
Este artículo repasa la historia de la protección legal de los glaciares en la Argentina, desde el veto presidencial de 2008 hasta la ley vigente y las discusiones que siguen hoy alrededor de la minería en la cordillera. En noviembre de 2008, decenas de organizaciones pidieron a la Cámara de Diputados que insistiera con el texto vetado; lo que pasó después explica buena parte del debate actual.
El veto de 2008
El 22 de octubre de 2008 el Congreso sancionó la Ley 26.418 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Había sido impulsada en Diputados por la legisladora Marta Maffei y aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras.
El 10 de noviembre el Poder Ejecutivo la vetó en su totalidad mediante el Decreto 1837/08. Entre los argumentos figuraban que la norma afectaba el dominio provincial sobre los recursos naturales, reconocido en el artículo 124 de la Constitución, y que podía perjudicar el desarrollo económico de provincias cordilleranas. Gobernadores de provincias mineras, como San Juan, habían cuestionado el proyecto.
Las organizaciones ambientales y sociales que pidieron ratificar el texto original sostenían lo contrario: que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y que la ley de presupuestos mínimos era precisamente la herramienta que la Constitución prevé para fijar un piso común de protección. Para revertir el veto, el Congreso necesitaba insistir con dos tercios de los votos en cada cámara, algo que no ocurrió.
La ley de 2010
El tema volvió al Congreso en 2009 y 2010 con dos proyectos: uno heredero del texto vetado, defendido por el diputado Miguel Bonasso, y otro del senador Daniel Filmus, más cercano a las objeciones provinciales. Tras una negociación se llegó a un texto común, y el 30 de septiembre de 2010 el Senado sancionó la Ley 26.639, de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La ley define a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes de carácter público y reservas estratégicas de recursos hídricos. En las zonas protegidas prohíbe, entre otras actividades, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la liberación de sustancias contaminantes y la construcción de obras que no sean de investigación o de rescate. También ordenó realizar un Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con sede en Mendoza.
El inventario y los fallos
El IANIGLA completó el inventario en 2018. Identificó cerca de 17.000 cuerpos de hielo en la cordillera, incluidos glaciares descubiertos, cubiertos por detritos y glaciares de escombros, estos últimos característicos de los Andes áridos de Cuyo y el noroeste.
Las empresas mineras y la provincia de San Juan cuestionaron la ley en los tribunales. En 2019 la Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas mineras con proyectos en San Juan, entre ellos el emprendimiento binacional Pascua Lama, al considerar que no habían demostrado un daño concreto. Ese fallo consolidó la vigencia de la ley.
En paralelo, el derrame de solución cianurada en la mina Veladero, en San Juan, en septiembre de 2015, reavivó la discusión sobre los controles en la alta montaña y sobre el cumplimiento de la ley en proyectos ubicados cerca de zonas periglaciares.
Los argumentos de cada parte
Para el sector minero y varias provincias cordilleranas, la definición de ambiente periglacial es demasiado amplia y técnicamente imprecisa, lo que genera inseguridad jurídica y frena inversiones en cobre, oro y litio. Proponen que las provincias tengan más margen para decidir qué cuerpos de hielo cumplen una función hídrica relevante.
Para los defensores de la ley, glaciólogos incluidos, los glaciares y los suelos congelados de montaña aportan agua a ríos de los que dependen ciudades y oasis agrícolas, sobre todo en años secos, cuando el deshielo sostiene los caudales. Con el retroceso de los glaciares por el calentamiento global, sostienen, su protección se vuelve más necesaria y no menos.
Cómo sigue el tema
En los últimos años la Ley de Glaciares volvió al centro de la agenda por las propuestas de reforma impulsadas desde el Poder Ejecutivo nacional y gobernadores de provincias mineras, con el objetivo de acotar las áreas protegidas y dar más peso a la evaluación provincial. Las organizaciones ambientales, científicos y parte de la oposición rechazan esos cambios y defienden el texto de 2010.
La disputa reproduce la de 2008: dominio provincial de los recursos frente a presupuestos mínimos nacionales, inversión minera frente a reservas de agua. Lo que cambió es que hoy hay un inventario oficial y más de una década de datos sobre el retroceso del hielo en los Andes.