Minería en Argentina: leyes, conflictos y el debate por el agua
De Esquel a Jáchal y del cobre al litio, la minería es uno de los grandes debates ambientales del país. Qué leyes la regulan y qué conflictos marcaron su historia.
La minería a gran escala es uno de los temas ambientales más discutidos de la Argentina. Promete inversiones, exportaciones y empleo en provincias cordilleranas, y a la vez despierta resistencia por su impacto sobre el agua, los glaciares y las comunidades cercanas. La discusión atraviesa leyes nacionales, constituciones provinciales, plebiscitos y tribunales.
El marco legal
El punto de partida es el Código de Minería, que regula la propiedad y concesión de los yacimientos. La Constitución reformada en 1994 estableció que los recursos naturales pertenecen a las provincias, por lo que cada una decide sobre la actividad en su territorio.
En los años noventa se sancionó el marco que impulsó la llegada de grandes proyectos. La Ley 24.196 de Inversiones Mineras, de 1993, otorgó estabilidad fiscal por treinta años y otros beneficios. En 1995 se incorporó al Código un título de protección ambiental que exige un informe de impacto ambiental antes de cada etapa del proyecto.
A eso se suman la Ley General del Ambiente, Ley 25.675 de 2002, y la Ley 26.639 de Glaciares, de 2010, que prohíbe actividades como la minería en glaciares y en el ambiente periglacial, y ordenó un inventario nacional a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
En 2024, la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala. Varios proyectos mineros se presentaron para adherir.
Los conflictos que marcaron la historia
Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, fue el primer gran yacimiento metalífero a cielo abierto del país. Empezó a producir cobre y oro en 1997 y terminó su etapa extractiva hacia 2018. Su historia sumó denuncias por el mineraloducto que atravesaba Tucumán y por el reparto de regalías.
En Esquel, Chubut, un proyecto de oro que preveía el uso de cianuro generó una movilización vecinal que derivó en una consulta. En marzo de 2003, alrededor del 81 por ciento de los votantes se pronunció en contra. Ese mismo año la provincia sancionó la Ley 5.001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. El caso inspiró a asambleas de todo el país.
Mendoza aprobó en 2007 la Ley 7.722, que prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la minería metalífera. En diciembre de 2019, una reforma aprobada para flexibilizarla provocó masivas protestas y fue derogada pocos días después.
En septiembre de 2015, en la mina Veladero, en San Juan, se produjo un derrame de solución cianurada que llegó a cursos de agua de la cuenca del río Jáchal. El episodio derivó en causas judiciales, sanciones provinciales y un fuerte reclamo de la comunidad jachallera, que ya tenía una larga historia de conflictos por el agua.
En Chubut, en diciembre de 2021, la aprobación de una ley de zonificación que habilitaba la minería en la meseta generó protestas conocidas como el Chubutazo, y la norma fue derogada a los pocos días.
El litio y la Puna
En los últimos años el centro del debate se desplazó hacia el litio. La Argentina integra con Chile y Bolivia el llamado triángulo del litio, en los salares de la Puna de Catamarca, Salta y Jujuy. La demanda de baterías para autos eléctricos y almacenamiento impulsó numerosos proyectos.
La extracción en salares se basa en bombear salmuera y evaporarla en piletas. Las comunidades indígenas y campesinas de la zona, como las de Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc, plantean dudas sobre el impacto en un sistema hídrico frágil y reclaman el derecho a la consulta previa, libre e informada reconocido por el Convenio 169 de la OIT. En Jujuy, la reforma constitucional de 2023 desató protestas en las que el tema del litio y la tierra ocupó un lugar central.
Los argumentos de cada parte
Las empresas, las cámaras mineras y la mayoría de los gobiernos provinciales cordilleranos sostienen que la minería moderna puede operar con estándares ambientales altos, que genera empleo calificado en zonas con pocas alternativas y que la transición energética necesita cobre y litio.
Asambleas vecinales, organizaciones ambientalistas y parte de la comunidad científica responden que el consumo de agua en zonas áridas, el riesgo de accidentes con sustancias tóxicas, los pasivos que quedan tras el cierre y la debilidad de los controles estatales pesan más que los beneficios.
Los pasivos y lo que viene
Los pasivos ambientales son un capítulo aparte. La Comisión Nacional de Energía Atómica lleva adelante desde hace años un programa de restitución ambiental de antiguas minas y plantas de uranio, con financiamiento del Banco Mundial, para remediar escombreras y colas de mineral en varias provincias.
Con el cobre de San Juan y Salta y el litio de la Puna, la Argentina discute hoy cuánto puede crecer la minería y bajo qué condiciones. La respuesta pasa por la calidad de las evaluaciones de impacto, el monitoreo independiente, la participación de las comunidades y el respeto de las leyes que protegen el agua y los glaciares.