Agrocombustibles e integración sudamericana: el debate que abrió 2007

En 2007 los agrocombustibles pasaron de ser un tema técnico a una discusión política regional: si producir etanol y biodiésel a gran escala era una oportunidad para Sudamérica o una forma de volver a especializar a la región en exportar materias primas. Aquel debate sigue dando pistas para entender la política energética y agrícola actual.

El contexto de 2007

En marzo de ese año, los presidentes de Brasil y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para promover el etanol, con cooperación técnica y la idea de expandir su producción en terceros países. Brasil llevaba más de tres décadas de experiencia desde el programa Proálcool, lanzado en 1975, y era el gran productor de etanol de caña.

Por esos meses también se firmaron acuerdos entre la petrolera brasileña Petrobras y empresas europeas para producir aceites vegetales y abastecer el mercado de biodiésel de Europa. La Unión Europea discutía metas obligatorias de energías renovables en el transporte que demandarían grandes volúmenes importados.

En la región, el tema se cruzó con otra agenda: la integración energética. En abril de 2007 se realizó en la isla Margarita, Venezuela, la primera Cumbre Energética Sudamericana, donde convivieron posturas muy distintas sobre el papel de los agrocombustibles. Un año después, en 2008, se firmó en Brasilia el tratado constitutivo de la Unasur.

Los argumentos a favor

Los gobiernos y el sector agroindustrial veían en los biocombustibles varias ventajas:

• Diversificar la matriz energética y reducir la dependencia del petróleo importado.
• Agregar valor a granos y aceites antes de exportarlos.
• Generar empleo e inversiones en zonas rurales.
• Reducir emisiones de gases de efecto invernadero frente a los combustibles fósiles.

Para Brasil, además, era una carta de política exterior: posicionarse como potencia en energía renovable y exportar tecnología a países de África, América Central y el Caribe.

Las críticas

Movimientos campesinos, ambientalistas y parte de la academia plantearon objeciones de fondo. La principal era la competencia por tierra y agua con la producción de alimentos. En 2007 y 2008 los precios internacionales de los granos se dispararon y varios organismos internacionales señalaron a la demanda de biocombustibles como uno de los factores, aunque no el único.

También se cuestionó el balance ambiental. Si para plantar caña o soja se desmontan bosques o se convierten pastizales, las emisiones de ese cambio de uso del suelo pueden anular el beneficio climático durante muchos años. A eso se sumaban el uso de agroquímicos, la concentración de la tierra y el desplazamiento de agricultores familiares.

Desde la óptica de la integración, el argumento crítico era que un esquema pensado para abastecer a Estados Unidos y Europa reforzaba el rol exportador de materias primas y no construía una red energética propia. De ahí la pregunta de 2007: agrocombustibles o integración.

Qué hizo la Argentina

La Argentina aprobó en 2006 la Ley 26.093, que creó un régimen de promoción de biocombustibles y estableció cortes obligatorios de biodiésel en el gasoil y de bioetanol en las naftas, vigentes desde 2010. El país se convirtió en uno de los mayores exportadores de biodiésel de soja del mundo, con una industria concentrada en el Gran Rosario.

Esas exportaciones enfrentaron barreras: la Unión Europea aplicó derechos antidumping en 2013 y Estados Unidos impuso aranceles en 2017. El mercado interno, en cambio, se sostuvo con los cortes obligatorios. El bioetanol se produce a partir de caña de azúcar en el Noroeste y de maíz en la región central.

En 2021, la Ley 27.640 reemplazó al régimen anterior. Bajó el corte mínimo de biodiésel al 5 por ciento, con posibilidad de reducirlo, y fijó en 12 por ciento el de bioetanol, repartido entre caña y maíz. La discusión sobre ampliar o reducir esos porcentajes sigue abierta entre petroleras, productores y provincias.

Cómo se ve hoy

Brasil sostuvo su apuesta: su flota de autos flex puede usar etanol puro o mezclado, y en 2017 lanzó el programa RenovaBio, que premia la reducción de emisiones en la producción. Paraguay, Uruguay y Colombia también tienen mezclas obligatorias.

La integración energética sudamericana avanzó poco como proyecto común, y la Unasur perdió peso tras la salida de varios miembros a partir de 2018. Los biocombustibles, en cambio, quedaron como una política nacional en cada país.

La discusión de 2007 reapareció con nuevos nombres: combustibles sostenibles de aviación, biogás, hidrógeno verde. La pregunta es parecida: quién se queda con el valor, qué pasa con la tierra y el agua, y si la transición energética regional se diseña para adentro o para abastecer mercados externos.